La Asociación Pensamiento Penal Córdoba expresa su hondo pesar por la muerte de Alberto Fernando “Were” Pellico, adherimos a los reclamos de familiares y vecinos al Poder Judicial para que se investigue el homicidio y se logren establecer responsabilidades penales y manifestamos nuestra preocupación por la situación provincial en materia de seguridad, con especial relación a las fuerzas de seguridad.El hecho y los dichosA Pellico lo mataron el sábado por la madrugada cuando se trasladaba en motocicleta junto con su primo, Maximiliano Peralta, en barrio Los Bulevares, al noroeste de la ciudad. Un móvil policial abrió fuego contra los jóvenes, terminando con la vida de “Weré” e hiriendo a Maximiliano.
Desde la Policía acusaron a los jóvenes que escaparon de un control policial, motivo por el cual se desató un tiroteo que derivó en el deceso. Pero ni el arma ni las vainas del supuesto enfrentamiento aparecen en la escena del crimen. Desestimando en principio la versión policial, se conoció por fuentes periodísticas, que la fiscal de Distrito 4 Turno 6, Jorgelina Gutiez, imputó al agente Lucas Chaves por “homicidio agravado por la utilización de arma de fuego y lesiones leves agravadas», que era el efectivo conducía el patrullero. Sin embargo, no se presentaron cargos aún contra el otro sargento que iba en el móvil, de apellido Leyva, conocido en el barrio como el “Malevo”. Aunque los allegados a la víctima apuntan contra él e incluso sostienen que está acusado de ser partícipe de otros casos de “gatillo fácil”, la fiscal decidió dejarlo fuera de la causa por ahora.
Peralta, el único testigo, que recibió un disparo en una pierna y quedó demorado por más de 24 horas por “resistencia a la autoridad” sostiene que habían ido a comprar vino y gaseosas, y que al volver se cruzaron con el móvil que los esperaba con las luces apagadas. Contó que “los quisieron parar, y por miedo ellos siguieron, porque siempre los para la policía y los detiene”. Maxi relató ante los medios que los uniformados se bajaron del auto y tiraron hacia dentro del terreno, sin ingresar. Una de la balas rompió la capucha de su campera. Otra dio en su pierna y otra en la nuca de Weré. Además, otro testimonio prestado en la Unidad Judicial de Homicidios (el del mecánico del barrio, Marcelo Flores) sostiene que dos uniformados concurrieron a su taller ese sábado a la madrugada tratando de plantar un arma.
Pellico formaba parte de un proyecto de Radio Abierta en barrio Los Cortaderos apoyado por la Universidad Nacional de Córdoba y articulaba con la organización “Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos”. Desde estos espacios se emitieron comunicados desmintiendo la versión oficial del tiroteo y se pudo lograr –al menos en algunos medios locales- contrarrestar la versión policial. El lunes 28 de julio se convocaron unas quinientas personas, en su mayoría vecinos y trabajadores de los cortaderos de ladrillos del norte de Córdoba, donde trabajaban los jóvenes, quienes cortaron la avenida La Voz del Interior, uno de los ingresos a la ciudad, muy cerca del aeropuerto.
El accionar policial territorial selectivo
Los vecinos denuncian además el permanente acoso y arbitrariedad policial a la que son sometidos día a día. «Cortadero es una cacería de chicos«, aseveró uno de los vecinos y con esta frase sintetiza el enorme poder territorial que la policía ejerce sobre determinados barrios de la ciudad, amparados por un cuerpo legal (el Código de Faltas provincial) que permite habilitar o restringir la circulación de determinados sectores en ciertos espacios. La cuestionada herramienta legal constituye en la práctica el ejercicio de una política de control, selectiva y arbitraria en manos de la agencia policial.
El despliegue contravencional y las detenciones arbitrarias, es sólo una de las facetas de la actual política de seguridad que, desde que asumió el nuevo Jefe de la Policía, Julio César Suárez, se profundiza. Esta gestión reafirma el modelo policial de gestión de la seguridad pública, con mayorpresencia policial en los barrios populares, más controles vehiculares (sobre todo a ciclomotores) y una nueva modalidad de exponer a los detenidos para los medios: el corralito.
Un particular elemento vinculado a este modelo policial, tiene que ver con un ejercicio de distintas violencias hacia los jóvenes, contra quienes se ejerce todo tipo de prácticas policiales. Con ello nos referimos a que este lamentable hecho no se trata de un episodio aislado de violencia institucional, y muestra de ello es que Chaves llega a ser el séptimo policía imputado en lo que va del año por matar con sus armas reglamentarias, en lo que se conoce como casos de “gatillo fácil”.
Todo esto se da en un contexto de autonomización de la policía en la definición de las políticas de seguridad operada a través de la delegación por parte del poder político de la resolución de los conflictos en la fuerza y la falta de un control judicial efectivo sobre las prácticas y el accionar policial. Esta suerte de policiación de la política de seguridad supone no sólo el abandono de la preocupación por la violencia estatal y el uso de la fuerza por parte del poder político, y la autonomización de la institución, sino que constituye una forma de legitimación de la política y las prácticas de la propia fuerza de seguridad, inhabilitando a otros actores para intervenir en la temática.
La crisis del modelo y la apelación a la participación ciudadana
Este modelo atravesó una fuerte crisis en 2013, iniciada con la puesta en escena de investigaciones periodísticas y judiciales sobre la complicidad de los altos mandos policiales con el narcotráfico, que desencadenó un auto-acuartelamiento el 3 y 4 de diciembre. Esto trajo aparejado un proceso de deslegitimación social y que desde entonces, está dispuesto a legitimarse a cualquier precio, incluso la vida de jóvenes como Were.
Es por ello que ahora, más que nunca, es necesaria la mirada social sobre el rol de la policía y de las instituciones del sistema penal. Es necesario construir herramientas para el control civil de las fuerzas de seguridad con el objeto de reducir el enorme campo de discrecionalidad que tiene la Policía. En este sentido es urgente tomar decisiones legislativas y administrativas que garanticen que las prácticas policiales se desarrollen de manera tal que sean respetuosas de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
De manera ejemplificativa podemos citar algunas reformas necesarias y urgentes: el estado policial y la obligación legal de portar el arma reglamentaria de modo permanente son cuestiones que deben ser revisadas ya que constituyen la razón del aumento significativo de muertos y heridos por balas policiales (accidentes y/o ejecuciones extrajudiciales) así como de muertos y heridos en las filas de la institución; la selección y formación de los agentes, oficiales y suboficiales, también es un elemento que debe pasar por un proceso de transformación significativa que permita aportar a la profesionalización y la democratización de la fuerza. Y finalmente el control judicial es otro de los aspectos que la Provincia de Córdoba debiera poder afrontar a fin de acercarnos a los estándares propios de un Estado respetuoso de los Derechos de todos en materia de uso de la fuerza y accionar policial.
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