El Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba entró en vigencia en el mes de abril de 2016. Su sanción, frente al anterior Código de Faltas cordobés, presentaba avances en materias pendientes vinculados con la protección de algunos derechos individuales y colectivos y con la formulación de garantías procesales.
Sin embargo, desde su entrada en vigencia, poco a poco nos demuestra que aún sirve como justificativo legal para el desarrollo de prácticas policiales e institucionales profundamente selectivas y discriminatorias.
En virtud de los acontecimientos ocurridos, en particular lo sucedido el 23/02/2017 en la ciudad de Carlos Paz donde falleció el conductor de una motocicleta, (http://www.cba24n.com.ar/content/carlos-paz-policia-mato-un-joven-en-control-vehicular) como así también del análisis de los procedimientos que ingresan a las Unidades Contravencionales, estamos en condiciones de afirmar que con la excusa de la aplicación del artículo que prohíbe transitar en moto-vehículo sin casco, sin documentación o placa identificatoria (art. 111) la policía ha encontrado su comodín para que las tareas de prevención que legalmente debe ejecutar, se realicen en términos persecutorios y arbitrarios.
En este sentido, la práctica policial aparece nuevamente como discriminadora y selectiva, como tantas veces se presentó en el antiguo artículo que reprimía el “merodeo”, ahora con el actual, que prohíbe transitar en motocicletas sin las condiciones legales. La aplicación sistemática de este actuar policial no hace más que profundizar la criminalización de un sector más vulnerable que otro (no se persiguen conductores de automóviles ni se detienen motocicletas de altas cilindradas).
Ningún cambio legal o institucional en materia de seguridad pública puede llevarse adelante sin la imperiosa modificación de las actuales prácticas policiales, que continúan vulnerando los derechos de un importante sector de nuestra comunidad.
Así, a casi un año de su puesta en marcha, desde Asociación Pensamiento Penal reprochamos todo accionar policial dirigido a perseguir, estigmatizar y criminalizar grupos de personas, en particular motociclistas.
Es por ello que instamos al Ministerio de Seguridad a que asuma la tarea de controlar y capacitar al personal policial para garantizar el efectivo respeto de las leyes y los derechos que ellas acuerdan a tod@s los ciudadan@s.
