Frente a los hechos de tensión que ocurrieron el domingo por la noche en inmediaciones de la Catedral de Resistencia, en los que un grupo de mujeres se manifestaban con distintas intervenciones sobre el vallado de la templo, y ante la confluencia de una contramarcha de agrupaciones “pro-vida”, la Asociación Pensamiento Penal destaca la profesionalidad con la que se llevó a cabo el procedimiento por parte de la Policía de la Provincia del Chaco, que ajustó su actuación a los principios de legalidad, oportunidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza; así como lo reglado por los protocolos de manifestaciones y requisas en vía pública, asegurando la integridad física de todos los actores involucrados.
La coordinación del Estado en sus distintos estamentos en pos de gestionar la conflictividad fue determinante para no lamentar ninguna tragedia; lo que da paso a construir nuevos consensos y perspectivas de cara a lo fundacional que significa la protesta social como derecho humano elemental. En este mismo sentido, es de destacar la inédita presencia tanto de los actores judiciales –en turno-, como de la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité de Prevención de la Tortura.
El resultado fue la protección y no represión de las personas que participaron en el evento. Lo que trasunta una adecuada gestión democrática y comunitaria de la conflictividad.
Lo anterior, sumado a la adecuada ponderación de los bienes jurídicos puestos en juego (vida, libertad, integridad física y propiedad), constituye la materialización plena del principio de razonabilidad y lesividad que emanan de la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos y que deben orientar en todo momento la actuación del Estado.
