La Asociación Pensamiento Penal expresa su preocupación por la Resolución 1003/2016 del Ministerio de Salud de la Nación que deroga la  Resolución Ministerial N° 1484/15, que establecía las normas mínimas para la habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Adicciones.

La resolución viene a dejar sin efecto el límite máximo de camas permitidas por cada establecimiento que prescribía la anterior normativa. Cuestionar la reducción de camas de los servicios monovalentes dilata la posibilidad de externación de los sobrevivientes (CELS. “Vidas Arrasadas”) de salud mental de los neuropsiquiátricos, y perpetúa y legitima el encierro y la alienación de los pacientes, cuando el Estado debiera crear políticas y disponer programas de inclusión social y atención primaria y comunitaria de las personas con este tipo de padecimiento.

También observamos que subsiste la carencia de recursos destinados a Atención Primaria de Salud, lo cual representa una clara intención de obstaculizar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, abriendo el camino al empoderamiento del sector privado, profundizando lo que la OMS plantea como la mayor de las violaciones a los derechos de las personas con padecimiento mental, que es el acceso a los servicios de salud.

Lamentablemente a este panorama se suman una serie de acciones, obstáculos y desmantelamientos que el gobierno nacional viene realizando sistemáticamente frente a distintos organismos creados a partir del Decreto PEN 603/13.