La Asociación Pensamiento Penal expresa su profundo repudio al accionar de la Policía de la Provincia de Jujuy en el predio de la UNJu que derivó en la detención ilegal de Joaquín Quispe, Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y de Ignacio García, también estudiante de dicha casa de estudios.

Consideramos que el accionar de la fuerza fue eminentemente ilegal puesto que, bajo el pretexto de una supuesta infracción al código de faltas, avasalló de la autonomía universitaria.

Recordamos que por imperio de la Ley de Educación Superior (Ley 24.551) las policías tienen vedado el ingreso a las instalaciones de las universidades nacionales. Éstas están jurisdicción federal, y la prohibición de ingreso sólo puede ceder en circunstancias excepcionales y bajo el ineludible requisito de una orden fundada de la autoridad judicial competente.

De modo tal que la intromisión de la policía en el ámbito universitario, sin autorización judicial, constituye un accionar irregular. Además, el hecho de recurrir a legislaciones tan cuestionadas como lo son los códigos contravencionales, conlleva una afectación más evidente de las garantías individuales y de las protecciones al derecho a la educación pública.

Sumado a aquello, el carácter de representante estudiantil que goza quien fuera una de las víctimas, no hace más que agravar la situación. No hay dudas que la lectura que puede derivarse de este accionar está atravesado por el efecto de disciplinar y amedrentar a las organizaciones gremiales estudiantiles.

Estas oscuras prácticas institucionales, que deberían estar desterradas del orden democrático, impone a todos los funcionarios vinculados a asumir sus responsabilidades y explicar, en forma clara, pública e inmediata, las medidas adoptadas como garantía de no repetición.