La Asociación Pensamiento Penal exhorta a las autoridades tucumanas para que de modo inmediato y sin dilaciones indebidas adopten los recaudos necesarios para el esclarecimiento y sometimiento a juicio de las torturas que personal policial infringió a una persona privada de la libertad que, se supone, se encontraba bajo su custodia.
El hecho, gravísimo en sí mismo. trasciende a la provincia de Tucumán, e interpela a los poderes públicos acerca de la persistencia de una matriz autoritaria y delictiva en las fuerzas de seguridad, que siguen interpretando que la aplicación de métodos violentos forma parte de su desempeño regular.
La tortura, los malos tratos y el desprecio orientado hacia una parte de la población (la parte de la población que menos posibilidades tienen de ejercer sus derechos y ser oídos) se encuentra impresa en los procedimientos policiales y contribuye a incrementar la escalada de violencia y las brechas de una sociedad clasista y excluyente.