| Hace treinta días que la República Argentina se encuentra atravesada por un intenso debate originado por la muerte del fiscal Alberto Nisman y la denuncia promovida contra la Presidenta de la Nación y el Canciller por un presunto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA. Desde el ámbito en que la Asociación Pensamiento Penal puede analizar estos hechos, nos sentimos en el compromiso de señalar que celebramos la posibilidad de que todos los argentinos tengan la posibilidad de expresar libre y públicamente sus opiniones. La movilización convocada para el 18F pone a las claras la condición del Poder Judicial como órgano político de la República que, como tal, debería ser pluralista. Pensar en jueces, fiscales o defensores apolíticos es una ficción o un error. La imparcialidad e independencia de las que tanto se ha hablado son criterios para guiar el juicio respecto del caso en concreto en el que el funcionario interviene y no atributos abstractos e imposibles, como carecer de sistema de ideas y preferencias. La marcha convocada tiene el mérito de exponer a la luz la politicidad de los funcionarios del sistema judicial y el ministerio público, no obstante lo cual debemos rechazar de modo enfático las intenciones que pretenden a partir de ella poner en riesgo la continuidad de las instituciones democráticas. La historia reciente debe convocarnos a la defensa irrestricta del Estado democrático de derecho, lo que incluye la estabilidad de los gobiernos surgidos del sufragio universal, en los términos en que lo establece nuestra Constitución Nacional, y en ese sentido comprometemos nuestros esfuerzos.
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