El 19 de mayo el Fiscal de Narcomenudeo del Chaco realizó declaraciones donde agravió a la Asociación Pensamiento Penal y a la socia Sandra Saidman, tergiversando la realidad y acusando a la nombrada de promover el consumo de sustancias prohibidas. Independientemente de las acciones legales que entablarán los damnificados directos, es necesario hacer algunas aclaraciones al respecto.
La Asociación Pensamiento Penal es una organización no gubernamental, formalmente organizada en dieciséis provincias, pero presente en todo el país, que brega por un sistema de justicia penal respetuoso de los derechos humanos. Entre los diversos ejes temáticos de trabajo, desde el “área de política de drogas” se despliegan acciones a fin de promover un paradigma constitucional puesto a la denominada “guerra contra las drogas”. En ese sentido se pueden destacar, entre otras acciones, la declaración “a 30 años del Bazterrica”, en la cual, en conmemoración del histórico fallo de la CSJN, se redactaron diecinueve principios rectores que deben orientar las políticas públicas en la materia. El documento fue suscripto por 265 jueces, fiscales y defensores públicos del país y presentado en el Senado de la Nación (2016).
Debido a este posicionamiento, la organización recibe desde hace mucho tiempo, invitaciones para participar en eventos organizados por los más variados espacios y colectivos a los fines exponer su postura. Tal es el caso de la jornada “PLANTATE”, llevada a cabo en Resistencia en 2015, a la cual asistió una de las integrantes del capítulo chaqueño, Sandra Saidman.
Es necesario corregir que APP no formó parte de la organización del evento, sino que aceptó la invitación a participar a los únicos fines de expresar su pública y conocida postura respecto de la política de drogas, y en particular explicar los fallos “Bazterrica” y “Arriola”, ambos de la CSJN.
En ese orden de ideas, entendemos que las leyes llamadas “desfederalizadoras”, no solo son ineficaces a la hora de reducir la cantidad de tóxicos prohibidos circulantes, sino que acrecientan el riesgo efectivo de criminalizar a los consumidores, siendo éste un resultado inaceptable a la luz de nuestra configuración constitucional, como ya lo tienen dicho tanto nuestro máximo tribunal, así como los organismos a nivel regional (OEA, CELAC, Unasur) y global (ONU).
Por lo cual, lo expuesto en la intervención de Saidman en aquella oportunidad, es plenamente coincidente con los principios de la Asociación, principios que son reiterados por diversos integrantes en cuanta intervención pública y comunicacional se presente alrededor de la temática.
También es necesario aclarar que APP es una organización horizontal, dividida en capítulos provinciales, en cada uno de los cuáles hay miembros que conforman la mesa nacional. Particularmente en el Chaco, tres de los integrantes del capítulo se encuentran en la mesa nacional. Negando que el capítulo Chaqueño tenga un “responsable” o algún cargo de jerarquía similar. Asociación Pensamiento Penal en cambio, está conformado por un grupo interdisciplinario integrado por profesionales, estudiantes, y demás personas interesadas en la concreción de un sistema de justicia humano y eficiente.
Instamos al Fiscal de narcomenudeo, a evitar caer en acusaciones infundadas e imprecisiones que pongan en tela de juicio la imagen de una organización de la sociedad civil, que ejerciendo el derecho constitucional a la libre asociación y libertad de expresión, se entrega de manera desinteresada a contribuir a la mejora de la comunidad.
También lo invitamos, en caso de no coincidir con alguno de los postulados de la Asociación, a transitar la senda del debate serio y racional, ya que esa es la única manera de fortalecer la comunidad en la que todos aspiramos vivir, y que nos permitirá, aún en pleno respeto del disenso, progresar como sociedad plural y democrática.
