La Asociación Pensamiento Penal manifiesta su profunda preocupación ante la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) de promover una investigación penal en contra de los jueces César Raúl Jiménez, Marcelo Alejandro Cardozo y César Antonio Yaya.
Vale recordar que los jueces Jiménez, Cardozo y Yaya en ocasión de integrar el Tribunal Penal 2 de Posadas decidieron otorgarle, con dictamen favorable del fiscal Alberto Rolando Oliva, la excarcelación a Lucía Olmo y a Fabio Durán condenados a veinte años de prisión en 2011 en la causa conocida como «los transportistas». Se trata de un caso repleto de irregularidades, en el que intervino en calidad de amigos del tribunal el “Observatorio de Prácticas del Sistema Penal” y “Proyecto Inocencia”. La condena, en la actualidad, se encuentra en el ámbito de revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El trámite de la excarcelación duró tres años hasta que se integró con los jueces que, en cumplimiento de la ley y de acuerdo a lo dictaminado por el fiscal, los liberaron.
La resolución se fundó en que hasta que la CSJN no resuelva sobre el caso, la condena no está firme y los imputados deben considerarse inocentes. Máxime cuando llevaban 8 años privados de su libertad.
A pesar que ninguna de las partes recurrió la sentencia, el STJ de Misiones se involucró de oficio en el proceso. Primero, realizando un pedido insólito al ordenarle al Tribunal Penal 2 que le informara cuáles habían sido los motivos de la excarcelación. Luego, instruyendo al Procurador General de la provincia a que iniciara una causa penal en contra de los jueces, lo que sucedió recientemente.
Desde la Asociación Pensamiento Penal advertimos que esta conducta, además de violar el deber de imparcialidad, raya la ilegalidad y el mal desempeño. Es un liso y llano amedrentamiento en contra de los jueces Jiménez, Cardozo y Yaya en particular, al tiempo que cercena la independencia del poder judicial de la provincia en general.
Frente a esta situación, instamos a que la comunidad jurídica local, así como a la sociedad misionera toda, tome cartas en el asunto. Desde nuestro lugar, activaremos los mecanismos institucionales que estén en nuestro alcance para que se evalué la responsabilidad de los integrantes del STJ de Misiones y la responsabilidad internacional del estado provincial.
