La “Asociación Pensamiento Penal Capítulo La Pampa” observa con preocupación la injustificable dilación en la puesta en marcha de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, y ante la información en relación al cierre de dicha dependencia, adelanta su oposición a tal medida.

La Oficina de Violencia Doméstica de esta provincia fue creada por Acordada N° 3351 del 30 de abril de 2015 del Superior Tribunal de Justicia, a modo de réplica de la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas oficinas – que se encuentran en funcionamiento en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Cruz- tienen como principal objetivo el acceso a justicia: facilitar una vía rápida de resolución de conflictos a las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Las Oficinas de Violencia Doméstica trabajan de manera interdisciplinaria, cuentan con equipos técnicos conformados por abogados/as, psicólogos/as y asistentes sociales que reciben el relato de la víctima de violencia doméstica o de terceros/as habilitados/as para denunciar. Los servicios brindados se resumen en el ofrecimiento de información vinculada con la temática de violencia doméstica, la recepción del relato de personas afectadas a fin de elaborar informes de riesgo, actas conteniendo los relatos brindados por las víctimas y exámenes médicos si son necesarios, e indicación de los cursos de acción posibles y derivaciones pertinentes de acuerdo al conflicto relatado, como así también el seguimiento de las derivaciones a través de los informes que proporcionan las dependencias judiciales.

El abordaje y seguimiento de los casos supone la elaboración de estadísticas sobre violencia doméstica, elemento que necesariamente debe existir para el correcto diseño de políticas públicas eficaces. De modo que el trabajo de las oficinas, no se reduce a la atención de víctimas de violencia, sino que supone la elaboración y aporte de datos estadísticos indispensables para la elaboración de políticas públicas y diagnósticos serios.

Todo ello, constituye un soporte vital para el resto de los organismos judiciales, pero principalmente para la magistratura, que luego de la intervención de los equipos interdisciplinarios cuentan con elementos de imprescindible utilidad para la toma de decisiones jurisdiccionales con perspectiva de género.

Es de público conocimiento que la denominada ‘violencia doméstica’, como modalidad en la que se manifiesta la violencia contra la mujer, registra cifras realmente preocupantes a nivel internacional, nacional y provincial. Sólo en Santa Rosa las denuncias sobre dicha temática ascienden a 1500 por año según el registro del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de La Pampa; número que no visibiliza las intervenciones realizadas en el fuero civil o de familia, casos que, en su mayoría, no llegan a denunciarse.

Ante la dilatada puesta en marcha de una oficina que ya se encuentra creada y dotada de recursos capacitados, y la información relativa a su posible disolución, desde la Asociación Pensamiento Penal manifestamos nuestra preocupación por la pasividad del máximo Tribunal de la provincia, que aparece como un valladar hacia el abordaje integral de la problemática de la violencia de género, lo cual contribuye, además, a consolidar un sistema judicial selectivo, sexista y clasista, que por acción o por omisión legitima y reproduce, incluso a su interior, prácticas de violencia institucional a cuya erradicación contribuye la creación y puesta en marcha de las oficinas de la mujer y de violencia doméstica.

La inacción del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa no sólo implica la inobservancia de normas provinciales y nacionales destinadas a la protección de la mujer, si no que desoye los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino a través de los distintos Instrumentos de Derechos Humanos que lo obligan en la materia, constituye una flagrante violación a la obligación internacional de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, niñas/os y adolescentes, especialmente en el ámbito intrafamiliar con el máximo de los recursos disponibles, y se aparta de la línea de trabajo del máximo Tribunal del País.

Esta Asociación considera oportuno señalar que recientemente el Senado de la Nación  aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declara «la emergencia pública por violencia de género en todo el territorio nacional”, por lo que las acciones de los poderes públicos que obstaculizan la prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar, y de género, como el descripto aquí contradicen a todas luces el estado general de preocupación y reacción por este flagelo de los otros poderes del Estado.

A ello debe sumarse que en tanto las Oficinas de Violencia Doméstica buscan garantizar  el acceso a la justicia, la no puesta en funcionamiento y/o desmantelamiento de una oficina de estas características a nivel local, no permite el avance hacia la materialización de derechos humanos de personas especialmente vulneradas e históricamente relegadas.

Finalmente, consideramos de fundamental importancia la participación y compromiso de la comunidad, de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales y de las autoridades públicas, especialmente hacia el interior del Poder Judicial, para que conjuntamente coadyuvemos a la puesta en funcionamiento de la Oficina de Violencia Doméstica local, y de todos los mecanismos y dependencias que propendan a garantizar el goce irrestricto de los derechos fundamentales de las mujeres, y con ello, coadyuvar al proceso de igualación y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia cuyos casos resultan judicializados.

Santa Rosa, La Pampa, 11 de junio de 2016.