La Asociación Pensamiento Penal manifiesta profunda preocupacion por el proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, impulsado por el Senador Lisandro Enrico, y que ya ha logrado la media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
El proyecto en cuestión se propone modificar artículos en una dirección claramente contraria a la protección y respeto de garantías constitucionales y derechos fundamentales del ciudadano en los procesos penales, a partir de la ampliación de facultades policiales, por ejemplo al aumentar los plazos de detención del imputado, que según la legislación vigente puede mantenerse durante 24 horas hasta el anoticiamiento al juez. El proyecto mencionado propone su extensión a 72 horas prorrogable por otras 24 horas. Diversos organismos de derechos humanos, informes de expertos y registros de la defensa pública de nuestra provincia ya han alertado sobre el peligro de los tiempos de detención sin control de legalidad debido a que la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales ocurren durante la detención en comisarías. Además se encuentra en clara contradicción con la Constitución Provincial que prohíbe que cualquier detención se prolongue por más de 24 horas sin darle aviso a la autoridad competente y con diversas normativas de Derechos Humanos que nuestro país ha ratificado. Entre otras disposiciones de notable gravedad, legitima el uso extendido de la prisión preventiva “como regla” (a pesar de que el paso al Sistema Acusatorio preveía su utilización excepcional agregando la posibilidad de una variada cantidad de medidas alternativas) y como anticipo de la pena; afectando profundamente los principios constitucionales de inocencia y legalidad, y agravando las inhumanas condiciones en que se encuentran los y las detenidos/as en las cárceles santafesinas.
Por otra parte es posible destacar que esta reforma contiene todo un catálogo de iniciativas violatorias del esquema protectorio de derechos de los ciudadanos. Seguramente estas medias, de ser aprobadas, sufrirán reveses judiciales, con todo el gasto que esto implicará a la Provincia. Por otra parte, y no menos importante, estas medidas ya han sido aplicadas en otras geografías, y han constituido un fracaso como política pública.
Compartimos las duras críticas que el Proyecto de Reforma ha recibido por parte de algunos Legisladores, actores de la Justicia Penal, Organizaciones Sociales y Académicos, teniendo en cuenta que se trata de una “vieja receta” que intenta resolver los problemas de inseguridad frente al delito apelando a la mano dura y la demagogia punitiva, negando los orígenes sociales y estructurales de la problemática e invisibilizando las terribles consecuencias que éste acarrea para los sectores sociales más vulnerados de nuestra provincia. En efecto, este tipo de respuestas punitivas incrementan exponencialmente las tasas de encierro de una sociedad, sectorizan y criminalizan el control sobre los grupos poblacionales pobres, potencian sideralmente la impunidad y los abusos policiales, y aumentan exponencialmente la violencia institucional policial, penitenciaria y judicial.
Este proyecto de reforma amplía las facultades de la institución policial, que tal como muestran los datos que emergen de los dos informes elaborados para la ciudad de Santa Fe y Rosario por el Registro Provincial de Tortura del Servicio Público de la Defensa, se selecciona territorial y socialmente a la población, para luego someterlas a niveles de violencia institucional extremadamente graves. En muchos casos, estos modos de accionar, constituyen el insumo con el cual trabaja la fiscalía.Esta simbiosis entre fuerzas de seguridad y agentes del poder judicial forma parte de la cultura institucional santafesina, y no puede ser ignorada a la hora de legislar sobre una materia tan delicada como las libertades individuales.
En este contexto cultural, la Asociación Pensamiento Penal sostiene que el aumento inconstitucional de las facultades a las fuerzas de seguridad y a los agentes del Ministerio Público de la Acusación, resulta no sólo incomprensible, sino inquietante y preocupante. Apelar al aumento del punitivismo estatal, sin incorporar variables de análisis que hacen a la realidad cotidiana de todos los días, implica un riesgo mayor que traerá seguramente consecuencias irreparables.
Asociación Pensamiento Penal – Capítulo Santa Fe
