El 10 de enero efectivos de Gendarmería Nacional y miembros de la División Montada de la Policía de Chubut ingresaron al territorio en proceso de recuperación del Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, en el paraje conocido como Vuelta del Río al noroeste chubutense.
Producto de esa acción violenta quedaron detenidas diez personas (tres en el ámbito de una causa federal y siete en la jurisdicción provincial, algunas de ellas ni siquiera pertenecientes a la comunidad mapuche), que recientemente fueron excarceladas.
El 11 de enero, en un acto represivo de la división Infantería de la Policía del Chubut, sin orden judicial, irrumpió a los tiros en el territorio dejando como saldo dos integrantes de la comunidad mapuche con heridas graves, por lo que debieron ser derivadas al hospital de El Bolsón y luego al nosocomio de San Carlos de Bariloche.
Como se verá en diversas ocasiones y por parte de distintas fuerzas públicas del Estado, los integrantes de la comunidad mapuche fueron reprimidos violentamente con golpes y disparos, en el que sus integrantes resultaron gravemente heridos y golpeados.
El conflicto de la recuperación territorial enfrentó, una vez más, al Pueblo Mapuche con la Compañía Tierras del Sud Argentino, empresa que pertenece al Grupo Benetton que posee poco más de 900 mil hectáreas, transformándolo en el mayor terrateniente del país.
El reclamo de los pueblos originarios por recuperar sus territorios ancestrales, constituye un derecho reconocido y garantizado por nuestra Constitución Nacional e instrumentos internacionales.
El intento de una mediación, propuesta el año pasado por el Juzgado Federal con asiento en Esquel y que podría haberse trasformado en un hecho histórico, terminó trunco en noviembre cuando el gobierno del Chubut decidió poner fin a esas instancia. Así, con el diálogo quebrado, la represión y el abuso de la fuerza fue la única respuesta que escogió el Estado para intentar solucionar el conflicto por las tierras, que viene de antaño.
Desde marzo del 2015, cuando se produjo la recuperación territorial, la criminalización del proceso fue una constante. El intento por aplicar la Ley Antiterrorista (26.734) por parte de la Fiscalía provincial, luego desestimada por la justicia federal, o el escándalo tras la aparición de un espía de la Agencia Federal de Inteligencia, hoy procesado junto a dos comisarios de la policía del Chubut (aún se aguarda si un fiscal provincial podría ser procesado por este hecho), desnudan los polémicos avatares que tiene este conflicto.
La ignorancia de los derechos de los pueblos originarios por el Estado, la persecución criminal ante sus demandas y el estereotipo que se construye a través de algunos medios de comunicación, genera la falsa idea de que los miembros de los pueblos indígenas son una amenaza para la seguridad social y la propiedad privada, lo que agrava aún más la situación.
La Asociación Pensamiento Penal, comprometida con el respeto de los derechos humanos, apoya la lucha que el pueblo mapuche lleva adelante para su sobrevivencia y la restitución de la que consideran como su legítima tierra. Existe una íntima vinculación entre el derecho al territorio indígena y el derecho a la vida. En muchos supuestos, desconocer el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus tierras, territorios y los recursos naturales pone en juego especialmente la vida porque implica un riesgo para la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros
En este contexto, instamos al Estado Nacional y de la Provincia de Chubut a que redoblen sus esfuerzos y coordinen acciones para garantizar los derechos de los pueblos originarios de forma pacífica.
Del mismo modo, saludamos la intervención oficiosa del presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Alejandro Javier Panizzi, que en los momentos de mayor tensión se constituyó en el lugar de los hechos para escuchar, promover el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, lo que constituye un hecho prácticamente inédito para nuestras instituciones.
