La Asociación Pensamiento Penal manifiesta su profunda preocupación frente al anuncio trascendido en algunos medios de comunicación que los legisladores mendocinos asumieron el compromiso de aprobar un paquete de quince proyectos de ley en treinta días –aunque podrían sumarse más leyes si continúa la “emergencia”– con el objetivo de encarar los problemas de inseguridad que se viven en la provincia.
Este conjunto de leyes no es más que el resultado de la demagogia punitiva, el facilismo y la falta de herramientas por parte de un amplísimo sector de la política que sale a relucir, especialmente, cuando la (in)seguridad es el tema de discusión en la agenda pública. Como toda medida sin un análisis serio, de corto plazo y hecha a las apuradas, no observamos que este paquete legislativo tenga capacidad real para operar sobre las verdaderas causas de los conflictos sociales, sumándose así a un sinnúmero de oportunidades perdidas para poder discutir temas tan importantes como corresponde.
Declaración de emergencia
La declaración de emergencia no ha sido realizada aún, pero vale preguntarse a qué se refieren por “emergencia”. No se explica por qué es una emergencia ni cuáles son los números que la justifican. Esto no implica desconocer los problemas en materia de seguridad, pero utilizar un nombre como “emergencia” en este contexto es apelar a una palabra estridente, que dice poco e implica mucho, alimentando un espiral de incertidumbre y miedo que solo tiene efectos negativos en los lazos sociales.
Tiempos e incongruencias
Al hablar de emergencia solo queda una opción: hacer cosas rápidamente. En materia de seguridad, el enfrentarse a una situación de emergencia se relaciona con la necesidad de tomar decisiones a los apuros, sin meditarlas, debatirlas ni consultaras. No se entiende cómo se pueden discutir seriamente quince medidas en un lapso de treinta días.
Así estuviesen discutiendo las veinticuatro horas de esos treinta días, sólo se le estaría dedicando unas cuarenta y ocho horas para debatir, por ejemplo, la sanción de cárcel para más conductas. Ahora bien, no solo estas cuarenta y ocho horas suenan a poco para debatir un proyecto de ley, sino que esperamos mucho más que esta cantidad de tiempo para estudiar estos temas y tomar decisiones importantes y significativas como las que pretende llevar a adelante la legislatura mendocina.
Como si todo esto fuera poco, no se puede observar una línea o un criterio que unifique las distintas medidas. Aunque no se puede observar un criterio que se base en cuestiones de política pública y política criminal, aunque si podemos encontrar el criterio de la demagogia punitiva como hilo conductor.
Excarcelaciones y portación de armas
Al pretender modificar el Código de Faltas y el Código Procesal Penal para prohibir que se otorguen excarcelaciones en los casos en los que esté en discusión la portación ilegal de armas, lo único que se hace es violar derechos y garantías constitucionales que tienen todos los ciudadanos. Todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio público, oral y contradictorio. Todas las personas debemos transitar ese juicio en libertad, a menos que circunstancias excepcionales justifiquen lo contrario. Así y todo seguimos pensando que el encierro como medida preventiva suceda debe ser el último recurso a utilizar por parte del Estado.
No debemos olvidar que una experiencia idéntica se vive en la provincia de Buenos Aires y el resultado de esta medida en materia de seguridad lejos está de probar su eficacia en términos de disminuir los conflictos y mejorar la seguridad.
Competencia de la Justicia provincial en causas de narcocriminalidad
La experiencia de las pocas provincias que adhirieron a la desfederalización en materia de narcomenudeo –únicos supuestos que pueden provincializarse por ley– revela que constituye una iniciativa destinada de antemano al fracaso, pues en nada contribuye a solucionar el problema de las drogas, en desmedro de recursos humanos y económicos que podrían destinarse a atender fines más constructivos como son aquéllos relacionas con el acceso a la salud.
Cárcel para las falsas llamadas al 911
Se pretende establecer el encarcelamiento hasta 90 días para las personas que realicen falsas llamadas al 911. Esta medida carece de todo sentido. En primer lugar, no observamos cómo puede contribuir esta medida de manera directa en la seguridad de la población mendocina. En segundo lugar, es completamente desproporcionado establecer una pena privativa de la libertad para una llamada falsa, no admite lógica alguna. Además, ¿de cuántas llamadas falsas estamos hablando? ¿Qué bien jurídico se ve afectado para imponer esta sanción? ¿Es acaso una modalidad criminal utilizada para desviar recursos policiales y así procurar la comisión de delitos? A todas luces esta medida parece más que injustificada.
Pulseras electrónicas
Uno de los proyectos impulsa la idea de las conocidas pulseras con GPS para monitorear a las personas que cumplan con un régimen especial, como la libertad condicional. Aquí debemos preguntarnos si es necesario ese tipo de monitoreo. ¿No alcanzaría con una solución menos invasiva como reportarse semanalmente en la comisaría o dependencia judicial más cercana? Hay otros mecanismos para obtener este mismo resultado sin necesidad de perseguir las veinticuatro horas del día a una persona.
Alcohol al volante
Al igual que en el caso de las llamadas falsas al 911, se busca implementar el encarcelamiento para las personas que conduzcan en estado de ebriedad. En esta medida volvemos a ver cómo se pone énfasis en la sanción como mejor manera de resolver un problema que es claramente cultural.Si seguimos con esta lógica “preventiva” lo razonable sería prohibir la ingesta de alcohol porque existe la chance de que alguien cometa algún delito producto de estar alcoholizado.
En este caso también se presenta cuestionable el encarcelamiento. Debemos dejar de criminalizar conductas, no tipificar cada vez más conductas menores en virtud de riesgos potenciales.
Más cárceles en manos de privados
La construcción de una cárcel poco tiene que ver con la seguridad de una provincia. Las cárceles actualmente están superpobladas, pero la construcción de más instituciones de este tipo no descomprimirá las ya existentes, sino que solo traerá más superpoblación carcelaria, sobre todo si las medidas buscan el encarcelamiento como respuesta. Si hay más cárceles hay más espacio para encarcelar. Tampoco debemos obviar que la población carcelaria tiene un componente más que homogéneo, ya que nuestro sistema penal solo se encarga de llenarlas con personas pertenecientes a los sectores más humildes.
De lo que se trata es de resolver los conflictos, evitar que se multipliquen, y la cárcel solo los empeora, funcionando como una institución que reproduce y agrava los conflictos.
Mención aparte para el negocio privado. Estos serán los únicos que se beneficien con una medida de este tipo.
Policías
Hay varias medidas que buscan regular distintas situaciones en torno a la fuerza policial. Que estos dejen de entregar notificaciones judiciales y estén en las calles tiene sentido.Lo mismo puede decirse de la idea acerca de una policía caminera que controle los pasos fronterizos.
No obstante, si estas medidas apuntan a infestar de efectivos policiales las calles, sí representan una mala política pública. La fuerza policial no es capaz de resolver los problemas por sí solas. Un policía por esquina no garantiza necesariamente más seguridad y no es más que una medida con impacto visual.
Otro de los proyectos apunta a la incorporación de más efectivos policiales. Esta idea persigue la misma lógica enunciada recientemente: pensar que más policías es más seguridad. Lo importante es repensar esta institución, modernizarla, someterla al control ciudadano y que esta no someta a los ciudadanos.
