La Legislatura de Río Negro aprobó el articulado de la Reforma del Código Procesal Penal, en primera vuelta, y en particular. Se aprobaron los primeros cuatro libros por unanimidad y el quinto por mayoría.
El debate se centralizó en los artículos referidos al juicio por jurados, en las previsiones presupuestarias para la implementación del sistema acusatorio, los roles que desempeñarán fiscales y jueces, la policía judicial y la duración del procedimiento, que además contempla los plazos para los delitos cometidos por funcionarios públicos, informó Prensa de la Legislatura de Río Negro.
Tania Lastra, en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y de la Comisión Redactora, a las que asistieron en sucesivas reuniones varios profesionales especializados en materia penal, fue la responsable de abrir el debate en Cámara de la iniciativa legal que lleva la firma de la Comisión de Labor Parlamentaria.
La legisladora Lastra anticipó, antes de avanzar en los fundamentos del expediente, que con el deseo de alcanzar el voto unánime del proyecto, se incorporaron varias modificaciones consensuadas respecto de la iniciativa original, se consideraron diversos aportes remitidos desde diferentes sectores y se ampliaron los plazos de las fechas previstas inicialmente para su aplicación. El nuevo código entrará en vigencia en marzo del 2017 y el juicio por jurados, en enero del 2018.
Explicó que con esta reforma no se procura solamente pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, “con lo que se alcanzaría la satisfacción de algunos paradigmas constitucionales y vigentes en nuestro país y específicamente en nuestra provincia luego de 1988 (con la reforma de la Constitución provincial), pero ello no sería suficiente”.
Según Lastra, los lineamientos generales de esta reforma procuran avanzar en el sistema acusatorio que implica la investigación a cargo del ministerio Público Fiscal, “simplificando los trámites del proceso y suprimiendo los resabios inquisitivos que todavía están vigentes”.
En segundo término establece “roles claros de los diversos órganos que intervienen en el proceso penal. Además los jueces deberán limitar su intervención en lo estrictamente jurisdiccional”.
Luego avanzó en otros propósitos del nuevo Código, tales como “afianzar la vigencia del principio de imparcialidad con estricto cumplimiento de los pactos internacionales suscriptos por el país e incorporados a nuestra Constitución (nacional), una mayor eficacia en la persecución de los delitos y tutelar los derechos y garantías individuales”.
Lastra detalló luego en los restantes fines de la norma, entre ellos “una distribución equitativa de los asuntos, superando la sobrecarga (de la tarea judicial), el acortamiento de los plazos del proceso, una mayor capacidad de investigación de los delitos complejos de alto impacto social, una mayor participación de las víctimas” y “sobre todo, extender la oralidad a todas las instancias posibles del proceso con la participación del ciudadano en el juzgamiento del delito (juicios por jurados)”.
El debate
Como miembro informante del bloque radical, Alejandro Betelú manifestó el apoyo al proyecto. Se expresó a favor de las reformas incorporadas con relación a prórrogas en la puesta en funcionamiento del nuevo Código y de los juicios por jurados. Además, valoró algunas “ventajas” del sistema acusatorio que prevé la reforma, como la celeridad, la oralidad, la transparencia, la inmediatez, características que “ayudarán a la eficacia del sistema”. Se refirió también a la necesidad de llevar adelante un proceso de capacitación para que se produzca un acomodamiento del sistema.
Martín Doñate (FpV) valoró algunas las características que contempla el nuevo Código, como la participación ciudadana en los juicios por jurado, la oralidad y los roles diferenciados entre juez y fiscal, pero planteó que “la realidad es que la aplicación de este Código sería imposible en la provincia de río Negro y con este Gobierno”. Aseguró que existe “un grave problema estructural del ‘motor’ de la Justicia y habló de falta de recursos e infraestructura para implementar el nuevo Código. Observó que para que se produzca la democratización de la justicia habría que contemplar la participación de los ciudadanos en la elección de representantes del Consejo de la Magistratura.
Ana Piccinini (FpV) compartió los conceptos vertidos por Doñate. Habló de un Código “enlatado” y criticó la “desaparición” de algunos artículos, como el que contemplaba la cuestión indígena. También criticó la cuestión presupuestaria y habló de la necesidad de contar con infraestructura para realizar las audiencias. Se opuso a la implementación del juicio por jurados, considerói que “merece un debate más profundo”. Cuestionó además el artículo que contempla los plazos para los delitos cometidos por funcionarios públicos y con respecto al rol de los fiscales, sostuvo que no puede haber un fiscal fuerte sin una policía fuerte.
Alejandro Marinao marcó el acompañamiento del bloque Eva Perón de la mayoría de los artículos del proyecto. Aunque habló de algunos reparos en cuanto a la implementación del juicio por jurados (citó la oposición del juez Zafaroni), manifestó su convencimiento de que el sistema acusatorio “va a ayudar a destrabar un montón de causas y juicios” y destacó la celeridad y la transparencia del sistema en los procesos y sentencias. También se refirió a la necesidad de dotar al Poder Judicial del presupuesto que necesita para garantizar la instrumentación del Código.
Por el oficialismo, Jorge Barragán intervino en el debate para referirse al juicio por jurados. Aseguró que su implementación “nos lleva a la democratización de la justicia”, Valoró la participación del ciudadano común en el proceso y la pluralidad en la conformación del jurado. Mencionó que en Neuquén su implementación “ha dado los resultados esperados”. Criticó la postura de “algunos que ponen nubarrones al compromiso del ciudadano”.
Jorge Ocampos (CC-ARI) marcó la necesidad imperiosa de dinamizar el proceso penal “para que los casos comunes, que son la mayor cantidad, obtengan un pronunciamiento rápido, aunque sea de manera alternativa a la pena, como el principio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado”. Sostuvo que “de nada sirve un juicio ejemplar, dictado mucho tiempo después de producido el hecho, si todas las demás causas duermen el sueño de los justos en los despachos judiciales”. También abogó por la prisión preventiva domiciliaria o la implementación de los modernos métodos, como las tobilleras electrónicas “que permiten descongestionar las congestionadas cárceles de nuestra provincia”.
El presidente del bloque radical, Bautista Mendioroz, anticipó su voto al proyecto pero sostuvo que “no estoy convencido del juicio por jurados. Falta una discusión jurídica y técnica, con el aporte de los que saben, de los que se han preparado, pero si estamos a la altura de las circunstancias, habremos avanzado en algo que la sociedad, el pueblo y la justicia necesitan imperiosamente”. Luego expresó su deseo y el de su bloque porque en los próximos 15 días, previos al tratamiento en segunda vuelta parlamentaria, “podamos seguir discutiendo y rever lo que hoy se apruebe”.
Por su parte, Ricardo Ledo (UpRN) recordó que cuando se opuso durante la discusión en general (en diciembre pasado), “sólo hubo un voto negativo, el que emitimos desde esta bancada. Dijimos que esto era una cáscara que se traía de apuro al recinto, pero con la intención de poder participar de una herramienta útil”. Insistió: “hemos avanzado, pero aún no hay definiciones completas”. Citó por ejemplo una nota recibida hoy en su banca, remitida por el Obispado, “que pretende agregar más cosas dentro de este código”. Reiteró que “aún nos quedan muchas dudas”, pero reconoció que “es mejor el sistema acusatorio”. Anticipó la aprobación de la mayoría de los artículos de la norma y la necesidad y su deseo de seguir avanzando con modificaciones a la ley en tratamiento y con leyes complementarias, según información oficial. (ANB)
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