El
diputado nacional Diego Mestre presentó hace pocos días un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para incrementar las penas en los robos domiciliarios “cuando se encuentren presentes los moradores” de la vivienda asaltada.
La iniciativa pretende modificar cuatro artículos del Código Penal (164, 166, 167 y 167 bis) para que pase de seis a nueve años de prisión la pena máxima por asalto cuando los moradores estén en su vivienda; de 15 a 22 años y medio en los casos de robos similares pero con armas, y de 10 a 15 años cuando el asalto se haya cometido con rotura de puertas o ventanas (delitos perpetrados con el método conocido como de los “rompepuertas”).
El proyecto del hermano del actual intendente de Córdoba contempla también agravar las penas para el caso de que los autores del delito sean integrantes de la fuerza policial.
La presentación de este diputado desató una polémica entre sus pares, con duras críticas, en especial desde aquellos legisladores que auspician que se concrete la ya elaborada reforma integral del Código Penal, antes que “seguir sumando parches”.
Más allá de este debate, el proyecto de Diego Mestre sostiene sus fundamentos en una realidad: el incremento de los asaltos domiciliarios con sus moradores presentes y, entre ellos, la creciente violencia, tanto física como psicológica, que practican los delincuentes con las víctimas.
Se puede compartir el espíritu de esta iniciativa, toda vez que apunta a la reducción de una modalidad en crecimiento y que deja severos traumas en los ciudadanos que sufrieron este tipo de delitos, entre los que se cuentan indefensos ancianos y familias enteras, algunas con hijos pequeños. Pero es muy dudoso que el incremento de las penas tenga de por sí un efecto como el que se pretende.
Ejercicio difícil de imaginar
Aumentar la cantidad de años de prisión para los que asalten domicilios con sus moradores, con la idea de reducir ese tipo de delitos, supone un ejercicio de anticipación de cálculo intelectual por parte de los malhechores que es casi imposible de imaginar.
Pero aun cuando eso sea factible, convendría mucho más actuar sobre los factores que generan la delincuencia y, en especial, sobre los que, como las drogas y otras adicciones, incrementan la violencia en muchos individuos.
En esa línea tal vez se inscribe otro reciente proyecto de este legislador nacional por Córdoba: el de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de artículos de la canasta básica de alimentos, ya que implica una mejora sustancial en la capacidad de consumo, en especial entre los que menos tienen.
A lo mejor sea más factible reducir los delitos si dejamos de enfocarnos tanto en las consecuencias para los victimarios y nos proponemos, en cambio, una sociedad basada mucho más en premios para los que hacen bien las cosas que en castigos, cada vez más severos, para los que atentan contra la ley.
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