Una manera sencilla de definir la tarea de Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario, es decir que hace las veces de director técnico de un equipo que, cuando termine de armarse, constará de 79 fiscales. Él mismo describe así la función que empezó a desempeñar oficialmente el 10 de febrero pasado, cuando Santa Fe puso en marcha el nuevo sistema procesal penal. La designación de Baclini en la Fiscalía Regional más importante de la provincia (concentra más de la mitad de los casos penales) fue producto de un concurso público y su mandato dura seis años con posibilidad de renovación (concurso mediante).

“Nosotros (los fiscales regionales) somos directores políticos. Más allá de que nos metamos a jugar en algún partido (o caso) determinado, nuestra función es estar por arriba de los jugadores vigilando el funcionamiento de la organización y corrigiendo sus errores. Tenemos que ver si el arquero ataja bien y si el resto del equipo cumple con la misión asignada”, explicó Baclini después de exponer en la audiencia pública que organizó la comisión especial para la reforma procesal penal. Baclini y los otros fiscales regionales responden a un jefe, el fiscal general (equivale más o menos al ministro público fiscal de Tucumán), que también accedió a su cargo por concurso. En este caso, el mandato dura seis años y no puede ser renovado.

En virtud del cambio de régimen, el Ministerio Público de Santa Fe fue dotado de 144 fiscales nuevos (para tener una idea de lo eso significa, conviene recordar que en toda la provincia de Tucumán hay 16 fiscales de Instrucción). Esta institución tiene independencia -no recibe órdenes de los otros poderes-; autarquía financiera -nadie puede disponer de su presupuesto-, y autonomía funcional y administrativa. Ese último rasgo le permite generar un plan político de persecución criminal y establecer niveles de importancia.

“La investigación de la corrupción es prioritaria”, dijo Baclini, que se mostró convencido de que el cambio de paradigma implementado por Santa Fe será beneficioso si consigue quebrar la tendencia a juzgar marginales adictos (lo que se llama la selectividad manifiesta de un sistema que no toca a la criminalidad de traje y corbata). “En Rosario no está la sede de la administración provincial (la capital provincial es la ciudad de Santa Fe), de modo que lo que se ve sobre todo es la corruptela municipal y policial. Tenemos una unidad para investigar los delitos complejos y económicos, cuyo desafío es, justamente, realizar en la práctica esta prioridad criminal”, expresó.

En el viejo sistema, Baclini se desempeñaba como juez de Instrucción (cargo equiparable al fiscal de Instrucción de Tucumán): en el ejercicio de ese cargo dice que se convenció de que todo estaba armado para que nadie pueda investigar. Allí entendió que poco se podía hacer si el fiscal 1 no estaba en condiciones de vincular su homicidio con el del fiscal 2. Y que el establecimiento de esa conexión, cuando era posible, suponía acumular un trabajo que la estructura no estaba en condiciones de afrontar.

“En una organización como la que Tucumán tiene en el presente, la víctima depende de la buena o mala voluntad del empleado. Pero lo que el empleado hace, por lo general, es de mala calidad porque él no concursó para investigar y quien sí debe hacerlo, el fiscal, está tapado de cuestiones formales”, comentó.

La superación del colapso y de la delegación de la función de juzgar -que es inconstitucional- depende de poder aplicar el principio de oportunidad. “Los casos que no ofrecen ventaja social o utilidad pública, no son investigados. Los que pueden tener una salida alternativa a la pena, van a mediación y a conciliación. La atención del investigador se concentra, en definitiva, en las causas donde hay una pena en juego, como los delitos sexuales y los homicidios”, ejemplificó.

Baclini manifestó que el nivel de satisfacción de la víctima debe ser el termómetro del Ministerio Público: “estoy convencido de eso. No hay que maltratar y debemos comprender la situación del otro. La víctima del delito puede parecer insistente, pero tiene un dolor profundo y necesita comprensión. Este buen trato debe ir acompañado del destierro de prácticas como el secreto de sumario prolongado e injustificado”.

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