El despacho es provisorio, prestado. En las paredes hay un par de cuadros abstractos, una pequeña foto de Néstor Kirchner y un mapa de los pueblos originarios de la Argentina. En la puerta, un cartel indica que se trata del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos bajo el auspicio de Unesco. El organismo que preside Baltasar Garzón tendrá su lugar propio dentro del Espacio para la Memoria, pero por el momento ocupa algunas oficinas del Archivo de la Memoria, en el mismo predio, en la ex ESMA. Como en una historia circular o un juego de espejos, el ex juez trabaja en el predio en el que funcionó el centro clandestino que investigó mientras llevaba adelante en Madrid la pesquisa por los delitos cometidos por los represores argentinos. Y ahora, en la Argentina avanza una causa por los crímenes del franquismo, ante la imposibilidad de hacerlo en España. Garzón sabe de esa dificultad. Su intento de dar una respuesta judicial a las víctimas de su propio país, como había hecho con las argentinas y chilenas, fue el inicio de una avanzada en su contra que terminó con su destitución. Por eso dice que con el fallo de la jueza María Servini de Cubría, que ordenó la captura de cuatro ex policías españoles, “se abre una puerta a la esperanza” y que “el principio de jurisdicción universal es un reducto contra la impunidad”. Analiza las dificultades sociales y políticas que no permiten a España saldar cuentas con su pasado, los obstáculos para terminar con los resabios de una dictadura que duró cuarenta años y pide una Comisión de la Verdad, que al menos permita reparar en parte a los afectados.
–En términos jurídicos, ¿qué le pareció el fallo de la jueza María Servini de Cubría sobre los crímenes del franquismo?
–Ha habido una investigación, se han ido acumulando elementos probatorios, indicios, y la juez ha considerado que en ese momento había ya suficientes como para hacer una calificación jurídico-penal provisional y en base a ella imputarles la participación a cuatro personas de las cuales se comprobó que dos están fallecidas, pero las otras dos no. Lo importante es la calificación de crímenes de lesa humanidad. Recoge el planteamiento que en España mantuvimos yo y algunos magistrados de la Audiencia Nacional acerca de que estábamos frente a crímenes de lesa humanidad o en el contexto de crímenes contra la humanidad. El hecho de que se refiera por el momento a dos personas vivas no significa más que se privilegió esa información y se recolectaron pruebas contra esas personas. La calificación de crímenes de lesa humanidad deja abierta la puerta. Ante cualquier víctima que quiera apersonarse, impulsar y aportar elementos de prueba, pueden producirse otras imputaciones de personas que fueran ejecutores materiales o intelectuales. Ya se está produciendo un apoyo mayor a las organizaciones querellantes. Hace unas semanas se constituyó una plataforma de apoyo a las querellas. La calificación de crímenes de lesa humanidad contextualiza lo que ocurrió desde 1936 en adelante en el régimen franquista en España.
–¿Los tribunales superiores en España no habían acordado con esa calificación? Ya que le aplicaron la Ley de Amnistía…
–En España yo conceptué como crímenes de lesa humanidad. Tres de los magistrados hicieron un voto particular cuando se anularon mis decisiones y dijeron que se trataba de crímenes de lesa humanidad, incluso de genocidio, en algún caso. Dos de los juzgados que suscitaron el conflicto de competencia también los calificaron como crímenes de lesa humanidad y genocidio. Otros juzgados ni siquiera comenzaron la investigación porque el Tribunal Supremo, en marzo del año pasado, dictó una resolución diciendo que no podía investigarse ningún hecho criminal de este tipo porque habían prescripto y había una ley de amnistía. Es decir, no le reconoce el carácter de lesa humanidad.
–Pero cuando usted hizo la investigación en España sobre la Argentina, el Tribunal Supremo avaló y dijo que sí eran delitos de lesa humanidad. ¿Por qué los delitos similares cometidos en España no lo serían?
–El tribunal había dicho que fue en un contexto de crímenes contra la humanidad. Pues lo que ha hecho el tribunal supremo, sobre todo en la sentencia en la que a mí me absuelven, es desdecirse de esa teoría y decir que en el caso español no lo habíamos entendido bien.
–Pero los delitos son similares.
–Claro. Incluso con más contundencia en España. Y en la época en la que se cometen ya había precedentes internacionales de que la calificación es la de crímenes de lesa humanidad. Lo que ha ocurrido es que el Tribunal Supremo no ha querido investigar, no ha querido que se investigara y ha establecido un manto de impunidad absoluto respecto de todo lo que fue el franquismo.
–¿Por qué es tan difícil social y políticamente en España juzgar estos crímenes?
–Cuarenta años de dictadura pesan mucho. Después hubo una transición que se basó en el olvido y la impunidad, se miró hacia adelante, se creyó que era más importante el futuro sin tener en cuenta la reconstrucción del pasado o estableciendo el olvido oficialmente, y eso durante toda la democracia no ha querido tocarse. Cuando en el año 2000 comienzan las víctimas a pedir que se exhumaran los primeros cadáveres, muy pocas autoridades políticas estuvieron en esa línea: en alguna comunidad autónoma, como País Vasco, Cataluña, Andalucía… Pero no hubo una política de Estado ni desde el socialismo ni mucho menos desde el Partido Popular para que hubiera un reconocimiento integral de las víctimas, desde la verdad, desde la Justicia y desde la reparación. La ley que se llama de Memoria Histórica, de 2006, es muy corta. No ha habido nunca interés. La huella del franquismo está todavía muy metida en las entrañas de la sociedad española. No mucha gente va a reconocer eso, pero es la realidad. Si más de setenta años después de la guerra civil no somos capaces de asumir una investigación de esos hechos… Ahora estamos pidiendo una Comisión de la Verdad y oficialmente la cuestionan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a saber en España lo que ocurrió? Porque no hay, como ha sucedido en la Argentina, ni comisiones de la verdad, ni investigaciones judiciales ni de otro tipo. No ha habido nada. Esta mañana, en este espacio de la ex Esma estaba hablando por teléfono y paseaba y veía colegios, cursos completos de niños y de niñas con su uniforme blanco y venían a recibir información sobre lo que sucedió en la dictadura. Eso en España no ha existido, tenemos un vacío tremendo y es difícil explicar por qué es así. Y que cuando se intentó hacer algo la respuesta fue brutal: cerrarlo, suspender al juez y abrirle un procedimiento penal y al final decir “nunca jamás se va a tocar esto”.
–Para que pase lo que pasa acá, un aporte grande fueron las investigaciones que se hicieron en España y otros países. ¿El fallo argentino puede servir también así allí, al revés?
–Ojalá que sí. La historia se repite. Una fiscal compañera mía, Dolores Delgado, dice que la jurisdicción universal es un mecanismo de ida y vuelta. En 1996 iniciamos esas investigaciones respecto de la Argentina cuando aquí no se podía, por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego en 2003, cuando Néstor Kirchner toma la decisión de que ese período políticamente tiene que acabar y el Poder Judicial tiene que tomar su responsabilidad como correspondía, nosotros colaboramos devolviendo esas investigaciones, pero también juzgando a (Adolfo) Scilingo allá. Ahora nos encontramos exactamente en la misma posición. En España se inicia la investigación, se corta de raíz por el Tribunal Supremo y aquí se inicia y ahora se abre una puerta a la esperanza, al reconocimiento a las víctimas. El principio de jurisdicción universal siempre es ese reducto contra la impunidad. No sé si vamos a llegar a tiempo, pero la decisión de la juez argentina de librar órdenes de detención ya es reparadora, como lo fue cuando yo el 16 de octubre de 2008 en España dicté una resolución en la que decía que “los crímenes franquistas son crímenes de lesa humanidad”.
–¿Es probable que ahora se sumen nuevos familiares, querellantes? Cuando fue la investigación en España sobre el terrorismo de Estado argentino empezó despacio, pero cuando se vio que era en serio hubo una avalancha de presentaciones.
–Claro. En el momento en que se percibió que iba en serio, que no era un brindis al sol o algo muy voluntarista, como decían algunos, sino que prendió en las instituciones, que hubo órdenes de captura, que ocurrió lo de Scilingo, la detención de (el dictador Augusto) Pinochet, se fueron sumando. Como ahora está sucediendo aquí. Cuando se inició la acción aquí, muchos decían “eso no va a ir a ningún sitio”. Y sin embargo ya tenemos órdenes de detención. Ya se ha creado una plataforma de apoyo a estas querellas. Y estamos tratando de que vengan más testimonios, que pueden referirse a personas concretas, y como se ha tomado esta decisión se deberán tomar las siguientes.
–Más allá de lo jurídico, ¿el fallo fue una reparación para usted en términos personales?
–Lo siento como que no todo está perdido. La situación me produjo mucha tristeza. No por mí, incluso no porque me suspendieran. No me importó la suspensión como no me importó el enjuiciamiento, porque quedó claro que todo era una falsa construcción, pero al menos sirvió para concientizar. El único espacio judicial en el que se ha oído a las víctimas del franquismo fue mi juicio. Varias víctimas del franquismo concurrieron al Tribunal Supremo y contaron su historia y tuvieron que ser oídas por los siete magistrados. Eso ya fue una reparación. Que ahora una jurisdicción distinta, la de Argentina, tome una decisión que diga que los crímenes ocurridos durante la dictadura franquista son crímenes de lesa humanidad y además ordena la detención de personas, es reparador para las víctimas y de alguna forma recompensador para mí.
–En relación con las transiciones, aquí tuvimos el Juicio a las Juntas y un movimiento de derechos humanos muy activo…
–Ocurre que en España se eliminó toda posibilidad de ese movimiento. La dictadura fue de casi cuarenta años. El contrapunto de juicio posible al de las Juntas fue el del golpe de Estado que hubo en España. Hubo juicio contra militares porque intentaron alzarse cuando invadieron el Congreso de los Diputados. Pero ese hecho fue contundente también para que el incipiente movimiento de asociaciones quedara totalmente eliminado, porque el miedo después de 40 años fue mucho. Fue una dictadura atroz, que hasta último momento –hasta dos meses antes de morirse el dictador– se mostró como era, con las cinco penas de muerte finales en septiembre de 1975. Fue un régimen durísimo. Y las víctimas, cuando iban a iniciar… viene el golpe de Estado. Cuando iban a continuar, nadie las apoyaba. Y cuando el Tribunal Supremo les preguntaba en mi juicio “¿ustedes por qué no hicieron nada?.” Una persona con ochenta y tantos años decía “porque teníamos miedo”, “teníamos pánico, creíamos que de nuevo nos iban a hacer lo mismo”. Aquí, en Argentina, fue de 1976 al ’83, muy cruento, pero se acabó, y en España duró 40 años. Todavía hoy hay personas muy mayores a las que les hablas del franquismo y sientes que tienen miedo, no están tranquilos y nunca lo van a estar.
–Además aquí tuvimos la guerra de Malvinas y los militares se fueron por la puerta chica. Por eso también la transición argentina fue diferente de la chilena.
–Absolutamente. Hubo reacción judicial, el juicio a las juntas fue memorable. Después se suspenden los juicios por razones complejas, pero llega un momento en que, aun apoyándose en la investigación en España, hubo una decisión política poderosa de que no podía ser ésa la historia de la Argentina en adelante. Y se abrió un espacio que es único en el mundo, donde la Justicia, con todas las garantías, está diciendo lo que no dijo ni la dejaron decir en su momento. Esa es la gran diferencia incluso con Chile, donde se va atenuando la respuesta judicial en este momento. En cambio en Argentina se va acrecentando. Eso la convierte en el único ejemplo mundial. En España es muy difícil que eso pueda ocurrir. Por eso estamos peleando por una Comisión por la Verdad.
–¿Cómo sería esta Comisión?
–Hay muchas formas. Me atrevería a decir que tiene que ser por regiones, por lugares donde se produjeron los hechos y luego con un conjunto hacia arriba, una Comisión Nacional que valorara todas esas situaciones, tanto de las víctimas vivas como de los victimarios. Creo que debe haber obligación de comparecer ante la misma y con responsabilidades penales si no se lo hiciera. Con apertura de archivos.
–Algo a lo sudafricano.
–Sí. En la medida en que es posible. Hay muchas personas muertas, pero si seguimos esperando ya no va a haber nadie.
–¿Es posible que España haga lugar a los pedidos de Servini o es casi imposible?
–Tienen obligación de hacerlo. El convenio de asistencia judicial y de extradición entre España y Argentina está ahí. O bien lo denuncian y no lo aplican, que es lo que hizo (Carlos) Menem en 1997, que dictó un decreto presidencial para no colaborar conmigo, que luego derogó Kirchner, o lo tienen que cumplir. Me resultaría muy llamativo que el presidente del gobierno español o el ministro de Justicia decidan no cumplir. Es a los jueces a los que tiene que presentarse el pedido de Servini. Habrá un juez de la Audiencia Nacional que recibirá esa orden y se iniciará el proceso de extradición. Tendría que ser el juez el que decida. Si no fuera así, el gobierno interfiere y probablemente sería un escándalo nacional e internacional. Estarían repitiendo lo mismo que hizo Menem.
–Es como un espejo.
–Pero un espejo de lo malo.
–¿Qué se puede hacer para evitarlo?
–La sociedad civil organizada se está moviendo. La semana que viene en España comienza la visita del grupo de la ONU de detenciones masivas arbitrarias y desapariciones forzadas de personas. Se van a entrevistar con el gobierno, con fiscales, y estamos planteando informarles para que conozcan realmente el alcance de la impunidad de los crímenes franquistas que están vivos al día de hoy. El Comité de Naciones Unidas de Desaparición Forzada de Personas examina a España en noviembre, en Ginebra. Ahí también vamos a estar y vamos a exigirle a España que diga qué es lo que está haciendo por la investigación de esos crímenes. Creo que la resolución de la juez Servini de Cubría ha llegado en el momento adecuado porque en España se ha iniciado la campaña a favor de la Comisión por la Verdad y se va a recibir a la ONU. Todo ello contribuye y ya es reparador para las víctimas. Parecía que en 2008 se cerraba la investigación, pero cinco años después estamos batallando.
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