Por Federico Polleri, desde Mar del Plata. Crece la radicación de fábricas en Unidades Penales bajo el amparo del Estado. Allí se permite explotar mano de obra cautiva sin garantizar sus derechos laborales elementales. Inmejorable competitividad para un empresariado sin escrúpulos. Las denuncias presentadas.
Una ONG, integrada por operadores del sistema penal, presentó una denuncia por condiciones de trabajo esclavo en fábricas radicadas dentro de una cárcel de la localidad de Batán. La acusación se apoya en un informe elaborado por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Mar del Plata, luego de una visita institucional de diciembre de 2011. En el escrito, solicitan al Ministerio de Trabajo que “se adopten las medidas necesarias para poner fin a la situación de trabajo irregular existente en la Unidad Penal XV”. Por su parte, la Defensoría General del Departamento Judicial de San Nicolás, había presentado en 2010 una demanda contra el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en donde denunciaba también la explotación laboral, pero en todas las cárceles bonaerenses.
El pasado 22 de febrero, Mario Juliano y Nicolás Laino, autoridades de la Asociación Pensamiento Penal (APP), presentaron una denuncia ante la delegación Mar del Plata del Ministerio de Trabajo. Allí, advierten sobre la situación de explotación a la que son sometidas las personas detenidas en una de las Unidades carcelarias de Batán. “Hemos tenido la oportunidad de constatar que la Unidad Penal XV se ha convertido en una cárcel-fábrica, donde se han instalado no menos de diez emprendimientos privados, que contratan como mano de obra a personas privadas de su libertad”, señalan en el escrito.
Hay alrededor de 250 internos empleados, autorizados por la Dirección de Trabajo del Servicio Penitenciario Bonaerense. En los convenios, los empresarios se comprometen a abonar un canon mensual por el uso del espacio, a pagar el salario de los trabajadores y a proveerles una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). El canon es desembolsado regularmente, pero del informe del Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Juan Tapia, se desprende que las patronales no en todos los casos proveen a sus empleados de una ART y que les abonan salarios irrisorios, aprovechando la situación de encierro de los operarios y amparándose en una supuesta contribución a la “resocialización” de los detenidos.
En la unidad penal mencionada en la denuncia, funcionan una empresa panificadora, una empresa de calzado industrial, una fábrica de hornos industriales, una dedicada a la pescadería, una lavandería industrial, una blockera, una trituradora de tomates, una empresa de envases plásticos y una destinada a la confección de cajones para verduras y pescados, entre otras. El texto expresa que las empresas “poseen verdaderos complejos industriales con maquinarias y salones individuales con un alto nivel de producción (la panificadora genera dos mil quinientos kilos diarios de productos), con más de diez empleados por turno en cada caso, pero siempre con salarios humillantes”.
Los trabajadores cautivos en este verdadero polo industrial intramuros, trabajan entre 8 y 10 horas diarias y ganan sumas que oscilan entre los 500 y 600 pesos mensuales, llegando a mil, en el mejor de los casos. A esto se suma que no perciben aportes previsionales, ni ayudas familiares, ni aguinaldos, ni vacaciones. Además, las empresas pueden prescindir de los servicios de un interno, quien será reemplazado por el Servicio Penitenciario de inmediato, sin derecho a indemnización alguna.
El hecho constituye un negocio redondo para los empresarios que eligen esta modalidad para sus fábricas: los costos laborales no llegan al 25% de los que requerirían en una fábrica fuera de la cárcel y el riesgo es igual a cero, en cuanto a seguridad, reemplazo de operarios, despidos injustificados o problemas de habilitaciones. Sin embargo, producen bienes de igual forma que en cualquier empresa extramuros. “Todo hace pensar -sostuvo Mario Juliano al ser consultado por Marcha– que los empresarios entienden que realizan un acto altruista al llevar trabajo a una cárcel, el cual es merecedor de ‘beneficios’, que en este caso consistirían en pagar salarios miserables a los trabajadores, ello en su propio y evidente beneficio, ya que no creemos que los productos que se elaboran salgan al mercado a los mismos ínfimos precios que los salarios”.
Los detalles del informe del Juzgado del Dr. Tapia son preocupantes. En el fragmento dedicado a la Empresa Emilio Vicente, que fabrica cocinas desde hace dos años, se señala que al ser consultados acerca del salario que perciben por su tarea “los internos refieren cobrar 25 pesos por día”, y continúa: “Consultados acerca de la atención médica recibida ante los accidentes de trabajo, informan que la misma se agota con el traslado al área de Sanidad, con todos los problemas y deficiencias que la atención en este sector implican”. En lo referido a cuestiones de higiene, el informe consigna: “Un aspecto a destacar de este espacio, es el paupérrimo estado del baño que utilizan los trabajadores. La iluminación es prácticamente nula, cuenta con tres canillas de las cuales sólo una funciona. Asimismo, se hallan instalados tres inodoros, los cuales se encuentran mugrientos, sin bidet ni papel higiénico, observándose a simple vista trapos con excremento, que fueron utilizados por los internos para su higiene íntima”.
Otro apartado, relata una conversación con el “Sr. Alfredo Alzuarte”, quien pertenece a la empresa “Marca Líquida”, que desde hace tres años produce “pan rallado, rebozadores de primera generación” en la unidad. “El Sr. Alzuarte expresó que el que allí se realiza no es un trabajo formal sino ‘una oportunidad que se les brinda a los internos’ (sic), por esta razón, argumentó, ‘no poseen ART, sino que son cubiertos por un seguro’”, describe el informe.
Por otra parte, la Defensoría General del Departamento Judicial de San Nicolás presentó en 2010 una demanda, firmada por el Dr. Gabriel Ganon, contra el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de que se le reconozca a las personas alojadas en las unidades penales de su jurisdicción el derecho constitucional a una retribución justa por su trabajo.
Entre los fundamentos, sostiene que “resulta absolutamente claro que la remuneración percibida actualmente por las personas privadas de su libertad, alojadas en las unidades carcelarias de la Provincia, resulta inequitativa, confiscatoria y violatoria de los derechos y garantías garantizados en la Constitución Nacional, Constitución Provincial y Tratados Internacionales suscriptos por nuestra Nación”. Ganon, quien actualmente se desempeña como Defensor General de la Provincia de Santa Fe, explica en la demanda que “la situación general de desprotección del trabajador privado de su libertad es, en parte, un efecto de la relación de sujeción especial existente de facto entre la administración penitenciaria y ‘sus internos’. Ese vínculo se caracteriza por la asimetría entre las partes”. Y concluye: “Si el libre albedrío de toda persona que pone a disposición su fuerza de trabajo se encuentra altamente limitado, en el caso de una persona privada de su libertad, se encuentra virtualmente eliminado”.
Los empresarios a los que se señala por someter a regímenes de esclavitud a los presos se encuentran organizados en la “Cámara de Emprendimientos Integrados”, que preside Cristian Alessandroni. Su actividad está enmarcada en la ley provincial Nº 11.046, sancionada en 1991 (modificada luego por la Nº 13.790). Por ella se crea la Cuenta Especial “Servicio Penitenciario de la Provincia, Trabajos Penitenciarios Especiales”.
Fuente: http://www.marcha.org.ar/index.php/nacionales/733-del-trabajo-a-la-celda-de-la-celda-al-trabajo
