Un hábeas corpus colectivo presentado ante la Cámara de Apelaciones Penal de Mar del Plata y un acta dictada por un juez de Necochea describen la calamitosa situación por la que pasan los internos del penal de Batán, con capacidad para 780 detenidos pero con una cifra que en febrero llegaba a 1283 y en mayo ya se había incrementado a 1445. El hábeas corpus, presentado por el defensor ante Casación, Mario Coriolano; la defensora general marplatense, Cecilia Boeri, y la secretaria de Ejecución Penal de esa jurisdicción, Fabiana Danti, señala la gravísima situación alimentaria, de salud y de infraestructura por la que pasan los cada vez más internos y que no da visos de solucionarse, sino que incrementa el hacinamiento. El acta, realizada por el juez de Necochea Mario Juliano, durante una visita a Batán XV, señala que los internos sufren un estado de gravedad inédito cuando ya no se les proporcionan verduras e ingieren entre 180 y 250 gramos de alimentos en todo el día, además de la alarmante falta de medicamentos e insumos hospitalarios. En ambas presentaciones se comprende que las soluciones propuestas por el tándem Scioli-Casal no salen de evitar las excarcelaciones y excederse en las preventivas.
La resolución de Juliano, tras una reciente visita a Batán señala la falta de entrega de alimentos (carecen de lácteos, verduras, arroz y frutas desde hace meses) debido a la falta de pago a los proveedores. Lo mismo registró el juez respecto de la falta de insumos médicos.
Con una dureza inusual y en la misma línea que lo registrado por Juliano, el pedido de hábeas corpus presentado por Coriolano, Boeri y Danti ante la Cámara marca niveles gravísimos de hacinamiento y que revelan la errónea política de detenciones a granel y pretensión de agravamiento de las penas ya que, como señala el hábeas corpus, los índices delictivos no bajan por el aumento de las detenciones.
Además de indicar la ausencia de alimentos, insumos médicos, falta de atención médica, fallas gravísimas y permanentes en las instalaciones, el hábeas corpus reclama la fijación de cupos, tal como fue ordenado en el fallo Verbitsky por la Corte nacional, y en el fallo Mestrín/Verbitsky, específico de Batán, en el que se fijó un cupo de 780 detenidos. También, solicitó que se generen datos estadísticos mensuales que permitan controlar la situación de hacinamiento, que se evidencia en todas las unidades no sólo marplatenses. “No pueden los jueces permanecer ciegos a la proyección de las resoluciones que adoptan en relación al encarcelamiento de personas”, sostiene el texto.
El cupo determinado para Batán ya fue desbordado: de los 780 fijados en febrero se había alcanzado a 1283 detenidos, pero al 22 de mayo la cifra había llegado a 1445. La provincia, sostiene el texto, tiene una tasa de prisionización de 198 detenidos por cada 100 mil habitantes. Mar del Plata, 177; La Plata, 255; Mercedes, 254; San Martín, 252; Lomas de Zamora, 225; San Nicolás, 214; Morón, 209; Pergamino, Quilmes y San Isidro, 188; Zárate-Campana, 178.
El hábeas corpus sostiene que no es sólo la adecuación de estructuras, insumos y alimentos sino el freno a las detenciones indiscriminadas. Y asegura que en ese aspecto el rol de los jueces es determinante para no responder con preventivas y proveer libertades y formas alternativas a la prisionización.
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