Entre las múltiples fragilidades de las metrópolis actuales está la de reconocer la auténtica dimensión del delito. Como estudioso de la problemática criminal comparada en Latinoamérica, Alberto Binder repasa algunas de las falencias principales: falta de coordinación entre las agencias de seguridad del Estado, autonomía de las fuerzas policiales y visiones antiguas respecto de la criminalidad y los sujetos implicados en ella. Para este especialista la violencia no deriva de la maldad de sujetos perversos sino de la conformación de un mercado donde los bienes ilícitos se compran y venden. Este mercado es lo que hay que atacar.

—¿Cuál sería una visión antigua sobre la criminalidad?

—Tomemos, por ejemplo, la cuestión de las drogas. La actualidad barrial del narcomenudeo, con la violencia que implica, se debe a que este fenómeno se ha afianzado como mercado. Lo que hay que desarticular, entonces, es ese mercado. Atacar aisladamente a este quiosco de acá o ese de más allá es inútil. Hay que buscar a alguien con una visión consistente del mercado de drogas que no sea el olfato del comisario. En Rosario tiene que haber alguien que sepa quiénes son los capitalistas, los distribuidores, cuáles los circuitos, quiénes los que hacen pie en zonas nuevas, cómo se conecta la droga con otros delitos. Siempre hay quien sabe eso.

—¿Por qué suele dar la impresión de que la policía no lo sabe?

—A veces porque algunos están en el negocio, o porque sus sistemas de información son truchos, o porque no se han profesionalizado. Pero veamos más allá. Cuando se instala la visión de que hay que enfrentar un mercado delictivo y no casos sueltos el problema suele ser que no tenemos sistemas de información mínimos para diseñar estrategias. Acá tenemos una policía con fuertes problemas de profesionalización, fiscales con las mismas limitaciones, el sistema de prevención desarticulado, el sistema de contención de menores en crisis. Cuatro o cinco instituciones que deberían trabajar en línea no están a la altura del partido que hay que jugar. Recorro América latina usualmente y, en comparación, en Argentina vivimos en un paraíso en cuanto a situaciones de criminalidad. Pero si seguimos haciendo las tonterías que hacemos iremos mal. Me refiero a falta de coordinación, no hacer inversiones sistémicas, no tener información, mantener burocracias inservibles, no tener conducción sobre la policía, quedar atrapados en trámites.

—Hace un mes en Rosario se anunció la renovación del 95 por ciento de las jefaturas policiales. ¿Qué efecto puede tener eso?

—A veces un cambio puede servir para enviar un mensaje sobre lo que no se quiere tolerar. Pero no se gobierna a la policía a golpes de purga. Se debe tener un ministerio de seguridad con mucha capacidad de diseño de control de operatividad. Hay una maraña entre lo federal, provincial y municipal que nadie desenreda. Si a eso se suma que los fiscales federales trabajan caso por caso, hay desatención del problema.

—¿Qué se le pide a un ministerio de seguridad?

—Primero que empiece a manejar información propia. Segundo, elaborar los nombramientos. Tercero, manejar el sistema de compras de la policía y de las partidas destinadas a las dependencias de seguridad. Cuarto, trabajar fuertemente sobre la formación policial. Quinto, sostener el rumbo unos cuantos años acumulando en ese sentido. Pero es difícil. En todos lados hay sectores que siguen pensando «si hago un pacto con algún sector de la policía me va a ir bien». Ese es el peor de los negocios. Creo que Santa Fe perdió tiempo. Arrancó en la buena dirección pero incurrió en demoras que hace que las situaciones sociales se agraven.

—Hay 15 oficiales medios bajo investigación en Rosario por denuncias de mantener lazos con el tráfico de droga.

Está muy bien. Pero estos mercados son de gente que planifica, que maneja inteligencia, que paga asesores profesionales, que tiene dinero. Contra eso hay que oponer planificación, inteligencia, recursos. No sabemos si esos 15 policías son culpables o no. Pero si resulta que son culpables la cosa no acaba ahí. La plata que recibían va a estar disponible. Y los dueños del mercado de la droga la van a seguir usando para corromper. La clave está ahí.

—¿Por qué razones históricas nuestras policías llegan a estas situaciones?

—Creo que hizo mucho daño la autonomía policial, que hizo que las policías perdieran el norte de la profesionalización. Hoy se encuentran ante un tipo de trabajo para el cual no están preparadas. Las organizaciones policiales están muy por debajo de lo que se necesita para afrontar el problema presente. Prevenir el delito significa tener capacidad de prestar atención a las dificultades ni bien comienzan a manifestarse e impedir que crezcan sus cuotas de violencia. Es un problema del Estado: policías desfinanciadas y con problemas de formación; fiscales que ni siquiera diseñan una política uniforme para un cuerpo de acusación; fiscales federales que viven en una nube. La descoordinación de los sistemas estatales es una evidencia. A mí me parece un milagro que se pueda hacer algo.

—Suena muy apocalíptico.

—No soy apocalíptico. Pero el hecho de estar trabajando 20 años en esto me habilita a decir que hay que dejar de tontear. Hay que construir ministerios de seguridad modernos. No alcanza con tener gente buena y honesta. Se necesita una cartera que tenga mucha capacidad de información, de planeamiento, de comprensión de los problemas y de articulación de los segmentos del Estado. No necesitamos meramente civiles conduciendo a la policía sino diseñando la política criminal. En segundo lugar hay que acelerar el paso de la modernización de instancias elementales: policía, ministerio público (fiscales) y sistema de menores. A esto hay que meterle pata. No podemos tardar 15 años en armar modelos instrumentales. Porque los grandes mercados que se deben enfrentar son muy dinámicos, cambiantes y mueven mucha plata. Necesitamos gente que mire en forma completa el fenómeno de la criminalidad. Es excelente que exista un ministerio de seguridad de Santa Fe. Pero el trabajo a realizar es inmenso.

   —¿Cómo se hace ese trabajo cuando no hay un gran acervo de experiencia al respecto? El Ministerio de Seguridad en Santa Fe tiene cuatro años.

   —Los recursos aparecen pero tenemos todavía una generación de dirigentes políticos que creen que el problema es básicamente construir una policía honesta. No es un problema de que decaen las costumbres al estilo del Imperio Romano que cayó por la corrupción. No es esta tontería que aprendimos en la escuela. La criminalidad se afianza en violencia por la creación de negocios económicos. Todo el mundo sabe y dice: «Acá hay un tema central que es el control de los flujos financieros». ¿Quién controla de dónde sale la plata que se gasta? Esto no se controla teniendo con rienda corta a la policía o cultivando la honestidad. No es una cuestión de bondad sino de cortar negocios concretos que causan violencia. El delito no se difunde como se difunden las malas costumbres. Esto es un mercado. El que vendió 10 mañana venderá 20. Si vendió 20 venderá 40. Y si crece contrata más gente. Después los mercados se van juntando. El de robo de vehículos con el mercado de drogas; el de drogas con el de juego clandestino. Después los mercados negros se mezclan con los mercados grises: dinero que entra a financieras truchas que luego se presta. Préstamos que no se pagan. De ahí empiezan los ajustes de cuentas y escala la violencia. Lo mismo las barras bravas: copan espacios en consonancia con directivos que los necesitan para ganar elecciones y que les ceden porciones de negocio. Mercados negros que se vuelven grises. Lo legal y lo ilegal está entremezclado.

   —En ese plano empezamos a estar. La tasa de homicidios en Rosario creció un 30% en el último año. Y los hechos que escalan son sobre todo episodios de violencia barrial.

   —Para no caer en la anécdota digamos que el sistema de seguridad necesita una decisión política permanente donde varios actores del estado intervengan. Desarticular el mercado pequeño de drogas es indispensable porque está en una zona gris donde nadie es competente y eso proyecta una gran violencia social. Es un mercado que se junta mucha plata. Uno va a México y allí se preguntan «qué nos pasó». Lo que les pasó son 20 años de descuido. El Estado creyó que iba a poder administrar el problema de las drogas. Y ahora se encuentra que el mercado de la droga les dice a sus funcionarios: «Nosotros los administramos a ustedes».