El presidente de la Red Parlamentaria por la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Javier Zavaleta, afirmó que en el debate del nuevo Código Niño, Niña y Adolescente se incluirá la castración química y otras sanciones contra padres que maltraten a sus hijos.
Según el asambleísta, el documento estará concluido a finales de este mes y comenzará a ser socializado y debatido en octubre. Garantizó que la norma será aprobada a finales de gestión, pues es considerada fundamental luego de los últimos hechos de violencia que tuvieron como víctimas a menores.
“Precisamente está en debate la prohibición del maltrato infantil, es decir, artículos que establezcan que padres, madres o cualquier persona adulta que infrinja un daño físico a su hijo será penalizado (…) la castración química es otro tema que se está debatiendo, pero el debate es más técnico porque esas inyecciones tienen características especiales”, señaló el legislador.
Los datos señalan que el anteproyecto de la ley del Código fue presentado en octubre de 2012 por el Ministerio de Justicia y se lo derivó al Legislativo. Esa gestión fue considerada contra la violencia hacia niños y niñas en la que se debieron realizar campañas entre diversas organizaciones para frenar los abusos.
Respecto a la castración, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterio, solicitó la reposición del proyecto de Ley para sancionar con este método a los violadores. El texto se coordinará con la Red Parlamentaria y busca modificar el Código Penal para posibilitar este castigo.
“Podamos sumarnos todos a este trabajo para que pueda ejercerse mecanismos que realmente puedan traducirse en respuesta a la población y que no sean argumentos vanos de decir que no se va hacer porque no se quiere hacer, sino que mínimamente se convoque a un estudio de factibilidad y sea tanto el ministerio de Justicia, Salud y el Ministerio de Economía quienes puedan dar los argumentos para ver si hay la viabilidad o no de la figura de la castración química”, apuntó.
Mientras, la presidenta de la Comisión de Política Social de la Cámara Baja, Elizabeth Reyes, dijo que el tema debe abordarse desde la educación porque a pesar de haberse incrementado a 30 años la sanción, los casos persisten.
“Hemos aumentado la pena a 30 años sin embargo de acuerdo a estadísticas, ni el 2 por ciento de los violadores llegan a tener sentencia, por lo tanto Bolivia puede aumentar las penas de manera irrestricta, sin embargo eso no soluciona nada. Necesitamos que el Estado y el gobierno nacional utilicen esos millones en sistema de educación y prevención que puedan evitar ese tipo de acciones”, manifestó.
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Fecha: 20 de septiembre de 2013 a las 10:51
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