El soldado estadounidense Bradley Manning, presunto informante del sitio alternativo WikiLeaks, detalló hoy ante una corte marcial de Maryland las medidas de castigo impuestas en cárceles militares de su país pese a la objeción de especialistas.
Al hablar por primera vez en público, Manning relató que tras su detención en mayo de 2010 en Irak fue confinado dentro de una celda en Kuwait sin recibir ninguna información sobre su caso.
«Creía que iba a morir en una celda (…) Ciertamente tenía mucho miedo», dijo durante el tercer día de las audiencias previas al juicio en su contra.
Según el soldado, luego lo trasladaron a la base de Quantico, en el estado de Virginia, donde permaneció nueve meses en régimen de máxima seguridad y prevención de suicidio aunque dos psiquiatras de la instalación recomendaron el levantamiento de esas medidas.
Aseguró que bajo esa condición lo obligaban a dormir en la noche con una bata especial, le quitaban sus anteojos y no le permitían tener papel higiénico en la celda, tenía que pedirlo.
Amparado en un artículo que prohíbe el castigo en prisión, la defensa presentará durante las vistas todas las evidencias de las modalidades de castigo aplicadas contra Manning en busca de la remoción de los cargos imputados.
Si la jueza Denise Lind acepta esos argumentos y determina que el acusado recibió un trato injusto e ilegal durante su reclusión, podría incluso reducir la sentencia si el oficial es declarado culpable.
La magistrada admitió en esta jornada la petición de la defensa para que el soldado se declare culpable de siete de los 22 cargos, lo cual pudiera dar lugar a una pena de 16 años en vez de cadena perpetua.
Manning, quien fue analista de información en Irak desde octubre de 2009 hasta su detención, enfrenta imputaciones por el tratamiento incorrecto de datos de inteligencia, robo de propiedad privada del Pentágono, difusión ilícita de comunicaciones de inteligencia y actividad fraudulenta en conexión con el uso de computadoras.
También se le acusa de haber entregado a WikiLeaks más de 700 mil documentos secretos del Departamento de Estado a los que tuvieron acceso en Internet miembros de grupos terroristas.
Su juicio estaba previsto en un inicio para septiembre de este año, pero fue aplazado hasta febrero próximo debido a cuestiones de procedimiento.
