Los 23 agentes condenados asesinaron a tiros a trece presos que estaban en sus celdas y en los pasillos del pabellón nueve del complejo, donde se organizó un motín que desencadenó la sangrienta represión policial, en la que participaron 330 agentes.
El proceso se ha dividido en cuatro etapas debido al gran número de acusados, 79 policías en total, que deberán sentarse en el banquillo en los próximos meses.
En esta primera fase solo se juzgaron quince asesinatos, dos de los cuales fueron excluidos del proceso a última hora puesto que las víctimas murieron por arma blanca, presumiblemente a manos de otros internos.
El jurado absolvió a tres reos de los 26 acusados, a petición de la fiscalía, puesto que no se encontraban en la planta donde sucedieron los hechos.
La abogada defensora, Ieda Ribeiro de Souza, afirmó que estos cambios de última hora reflejan que el sumario fue redactado de forma «apresurada, ridícula y risible, para satisfacer a los organismos internacionales» defensores de los derechos humanos.
Antes del juicio, Amnistía Internacional consideró que podría suponer el «principio del fin de un largo legado de impunidad» hacia los excesos de las autoridades en Brasil.
En estas dos décadas, el único que se había sentado en el banquillo fue el comandante que dirigió la operación, el coronel Ubiratán Guimarães, fallecido en 2006, que en 2001 fue condenado a 632 años de cárcel, pero nunca llegó a ingresar en prisión y fue absuelto después en una apelación.
Los agentes condenados ayer, que pasarán como máximo 30 años en prisión, pues esa es la mayor pena prevista en el Código Penal brasileño, permanecerán en libertad hasta que se agote la posibilidad de presentar apelaciones en instancias superiores.
Ribeiro de Souza afirmó a periodistas que la condena de los policías «no refleja la voluntad de la sociedad brasileña» y sugirió que la población está apoyando en las redes sociales que se perdone a los agentes del orden por la represión violenta a los presos.
La acusación trató de luchar contra esa idea, el fiscal Marcio Friggi dijo en su alegato final que los presos «no le importaban a nadie», pero ninguno de ellos merecía que les aplicasen de forma sumaria una «condena de muerte».
A lo largo de los seis días de juicio, el gobernador de Sao Paulo en la época, Luiz Antonio Fleury Filho, dijo al tribunal que la orden de entrada al penal «fue absolutamente necesaria y legítima».
El objetivo de la operación, que tuvo lugar el 2 de octubre de 1992, era aplacar el motín en el pabellón nueve de Carandirú, donde había cerca de 2.700 internos, algunos de ellos detenidos sin condena, a la espera de un juicio.
La cárcel, insalubre y abarrotada por encima de su capacidad, era considerada por las organizaciones humanitarias como el mejor ejemplo de las deficiencias del sistema penitenciario brasileño y de las violaciones a los derechos humanos.
Los agentes que declararon en las vistas relataron que, al adentrarse en el pabellón nueve, se depararon con un ambiente extremadamente hostil y en penumbra, que no les dejó otra alternativa que abrir fuego.
También alegaron que oyeron disparos supuestamente realizados por los presos, pero la acusación afirmó que la policía colocó trece armas de fuego en la escena del crimen posteriormente para justificar la matanza.
La acusación sostuvo que los policías tenían la «intención de matar», lo que es evidente por la cantidad de tiros que acertaron a las víctimas, 515 balazos en el total de las 111 víctimas mortales, de los cuales 126 fueron en la cabeza, según cifras del informe forense.
Los fiscales también denunciaron la destrucción de pruebas y aseguraron que días antes del inicio del juicio, desaparecieron 160 casquillos de bala de los depósitos de evidencias.
Al concluir el turno de réplica, en la noche del sábado, la acusación exhibió diez minutos de la galardonada película «Carandirú», del director argentino-brasileño Héctor Babenco.
El juicio proseguirá en los próximos meses, con otras tres nuevas etapas sin fecha definida, en las que se analizará la responsabilidad de los otros 53 policías acusados de abrir fuego y asesinar al resto de los 111 muertos reconocidos en el balance oficial.
Uno de los supervivientes, Antonio Carlos Dias, dijo al tribunal que el número de muertos fue «muy superior» a la cifra oficial y denunció que se ocultó el asesinato de los presos que no fueron reclamados por familiares.
La cantidad de muertos fue tan alta que los detenidos tuvieron que «escalar» una pila de cadáveres en el patio el penal, según el testimonio de Dias.
