Entre 2002 y 2012 la población carcelaria de la Provincia de Buenos Aires aumentó un 40 por ciento. En ese mismo periodo, los homicidios dolosos no disminuyeron: asesinaron a 8 personas cada 100 mil habitantes. En otras palabras: llenar las cárceles no modificó las tasas de los crímenes más violentos, como promete el discurso de mano dura.
Las cifras lo muestran: el 0,12 por ciento de los bonaerenses estaban presos en 2002. Es decir, 16.831 personas. Diez años después, el porcentaje aumentó a 0,17: son 27.959 presos. Si bien los homicidios dolosos disminuyeron entre 2002 y 2004, desde entonces se mantienen en un promedio de 7 cada 100 mil habitantes.
“No hay reforma de seguridad que vaya a tener un impacto si todo el tiempo sigue ingresando gente a las cárceles”, dijo a Cosecha Roja Anabella Museri, coordinadora del programa Políticas de Encarcelamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Imaginate un vagón de tren completo, lleno, en hora pico. Ahora imaginate trescientos vagones al tope. A toda esa gente, ahora imaginala presa. Las casi 28 mil personas detenidas en las cárceles bonaerenses representan el 44 por ciento de la población penitenciaria nacional. Son datos del informe anual de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A 45 días del último plan de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli presentó un informe en el que asegura que 15.900 personas fueron “puestas a disposición de la justicia”. El número representa la mitad de la población carcelaria actual. Sería como sumarle quince vagones llenos de pasajeros a las cárceles bonaerenses. “Se ensayan cíclicamente planes que apuntan al endurecimiento de la ley, encarcelaciones y penas aunque ya se ha demostrado que son insuficientes”, explicó Museri.
Además, de cada 10 presos, 6 están privados de su libertad sin tener aún una condena. Es decir, están encerrados aunque son jurídicamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En números, son 15.693 personas que viven en las 55 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Las condiciones de encierro hacen que la experiencia sea cualquier cosa menos “resociabilizante”. En la unidad de Mercedes, por ejemplo, hay 198 personas más que la capacidad permitida. En la de Magdalena hay un 45 por ciento de sobrepoblación. En González Catán el máximo de presos debería ser 430 y es 584.
Además del hacinamiento y la falta de salud, Museri mencionó la violencia institucional: “Los agentes penitenciarios participan tanto directa como indirectamente cuando liberan espacios para que se peleen entre detenidos o, incluso, cuando generan ellos mismos las peleas”.
El 35 por ciento de los presos del país cayó por robo o tentativa de robo y apenas un poco más de un tercio de esa cifra está por homicidio doloso. “El sistema trabaja sobre los delitos menores y no sobre las redes de criminalidad ni organizaciones criminales: no se ven jefes narcos detenidos ni se investiga como corresponde en casos como el de Candela”, dijo Museri.
