Una seguidilla de homicidios en las cárceles de la provincia de Buenos Aires volvió a poner sobre la superficie los preocupantes niveles de muerte que subsisten dentro de las 55 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En 2011 las denominadas «muertes traumáticas» -según la clasificación oficial- crecieron un 18,5% respecto de 2010: pasaron de 38 a 45, incluidos asesinatos y suicidios.
Si bien aún no hay datos del presente año, las autoridades del SPB confirmaron que entre el 29 de marzo pasado y el 12 del corriente murieron, en distintos penales, cinco internos en peleas suscitadas por «problemas de convivencia». Varios organismos que se ocupan de monitorear la situación intramuros advirtieron sobre la inquietante cifra.
«A este paso la estadística se va a triplicar», alertó el titular del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano.
Para el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, César Albarracín (ver aparte), se trata de «casos excepcionales».
Según datos que se desprenden de registros del SPB, en 2011 se produjeron 45 «muertes traumáticas» dentro de las cárceles provinciales: hubo 25 decesos por heridas de arma blanca; 18 suicidios; un paro cardiorrespiratorio traumático; además de un fallecimiento por un severo traumatismo de cráneo. Hubo otros seis casos en los que los peritos del SPB no pudieron determinar el motivo de la muerte.
En 2010 fueron informadas 133 muertes, de las cuales 38 fueron traumáticas; 23 por arma blanca y 15 suicidios.
El Comité contra la Tortura de la CPM presentó, a lo largo de 2010, 953 hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención y 294 informes urgentes que se equiparan al hábeas corpus. Estos escritos daban cuenta de 3124 hechos graves que acontecieron en 49 cárceles, 15 comisarías y 9 institutos de menores.
Muchos de los datos de estos informes han sido replicados por el Subcomité contra la Tortura de la ONU, que la semana pasada inició una visita a penales en el país, empezando por algunos en la provincia.
A fines de noviembre pasado, la Suprema Corte bonaerense pidió explicaciones y exigió medidas por las muertes en cárceles tanto al Ministerio de Justicia y Seguridad como a la Procuración General de Justicia, de la que dependen los fiscales. La presentación, con la firma de Eduardo Pettigiani, entonces titular de la Corte, mencionó la «venta de drogas dentro del penal, tenencia de elementos punzocortantes, abusos sexuales, actuación tardía y deficiente en materia de seguridad, ineficaz sistema de salud»; y reclamó respuestas ante «la posible participación de personas detenidas con connivencia de personal penitenciario en hechos delictivos cometidos fuera del ámbito de la Unidad Penal, con el posterior ingreso de lo sustraído a aquélla, para su reducción en los talleres que funcionan intramuros».
El 28 de enero último, un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense dio cuenta de un incidente en el que, al desmayarse y golpear la cabeza contra una reja, perdió la vida el interno Patricio Barros Cisneros de la Unidad 46 de San Martín. Los peritajes y testimonios recogidos posteriormente determinaron que el cuerpo del recluso presentaba golpes en la cabeza, brazos y piernas «compatibles con un mecanismo de defensa frente a un ataque». Por esa muerte el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ordenó separar de sus cargos al director del penal, Leonardo Dziata; al subdirector, Eduardo Orzusa, y al subdirector de asistencia y tratamiento, Mauricio Pinedo. Además, cinco agentes fueron puestos en disponibilidad preventiva. La Justicia ordenó la detención de tres de ellos, pero se encuentran prófugos. Entre el 29 de marzo último y el 12 del corriente, fueron asesinados en diferentes cárceles de la provincia: Juan Romano Verón, José Burela Sombra, Rodolfo Martínez, José Luis Acuña Silva y Nicolás Gómez Verdún.
Verón murió en la Unidad 48 de San Martín dos horas después de que el vicegobernador Gabriel Mariotto visitara dos dependencias de ese complejo penitenciario, donde se entrevistó con un centenar de reclusos. En el penal 47 el ex titular del Comfer recibió la denuncia de que las autoridades habían encargado el crimen de un recluso que había denunciado maltratos y hasta le fueron entregadas las armas que presuntamente habían provisto directivos penitenciarios para cumplir ese cometido. Al salir, Mariotto -que declinó responder las llamadas de LA NACION- denunció la situación «degradante» en que encontró a los presos y, según trascendió, informó al gobernador Daniel Scioli sobre lo visto.
Albarracín descartó que exista relación entre las últimas muertes y la visita de Mariotto al complejo penitenciario de San Martín. «Son casos inconexos entre sí», dijo.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1467136-crecen-los-homicidios-en-las-carceles
