Casos de torturas, maltratos y hacinamientos en distintos centros de alojamiento de detenidos como comisarías, cárceles e institutos de menores, fueron denunciados por la Defensa Pública de la Provincia en el marco de un nuevo informe en el que se detallan 328 hechos en el cuatrimestre mayo-agosto de este año. En el informe se detallan 328 casos de torturas o malos tratos en ámbitos policiales y penitenciarios, de los cuales en 100 casos las víctimas fueron menores de edad. El trabajo fue realizado por el Banco de Datos de Casos de Tortura, que funciona desde marzo del 2000 en la Defensoría Provincial de Casación Penal, a cargo de Mario Coriolano. Desde su inicio y hasta la fecha de este último informe, se registra un acumulado de 8.909 casos de tortura y malos tratos ocurridos en la Provincia. El informe periodístico incluye también datos sobre “las situaciones de agravamiento ilegitimo de las condiciones de detención, en diversos lugares de encierro, con severos déficits en alimentación y atención a la salud de detenidos y detenidas”. Y también se denuncian “causas armadas” por personal policial y penitenciario. PREOCUPACION Las conclusiones del nuevo informe fueron enviadas al gobernador Daniel Scioli, Suprema Corte, a la procuradora María del Carmen Falbo y a los presidentes de ambas cámaras legislativas. “Es altamente preocupante la reiteración de estos casos de violencia institucional que, según surge de los informes que se vienen realizando desde marzo de 2000, muestra una fuerte concordancia de modalidades”, señala la publicación. Respecto del fenómeno de la tortura, se señala que “existe un problema adicional que es la ausencia de un registro y de información sistematizada y adecuadamente analizada respecto de las denuncias interpuestas, la iniciación (o no) y el desarrollo de causas y la resolución de las mismas”. Y añade que “ni siquiera se dispone de un registro desagregado de condenas en casos de tortura. Esta carencia de información es en sí misma una forma de consolidar la impunidad existente. Y, además, dificulta un abordaje informado del fenómeno y el desarrollo de políticas y acciones de persecución penal efectivas para terminar con la impunidad en estas graves violaciones a los derechos humanos”. MENORES En tanto, en el informe se destaca que, de los 328 casos registrados durante el cuatrimestre, en 100 de ellos resultaron víctimas menores de 18 años. De los 100 casos registrados, en 34 casos se interpuso la correspondiente denuncia, mientras que en 66 casos no hubo denuncia, se indicó. Según se señaló en el informe, tres casos de maltratos fueron cometidos en los centros de recepción de menores o en los propios institutos, mientras que los 97 restantes fueron cometidos por personal policial. “En la mayoría de los casos, las situaciones se produjeron en el momento de la aprehensión y/o alojamiento preventivo. La modalidad de consistió en golpes de puño o con elementos contundentes, lesiones producidas por disparos con munición antitumulto en distintas partes del cuerpo, cachetazos, patadas, rotura de piezas dentales, cortes, golpes en las costillas, como así también casos de afectación a la integridad sexual, como por ejemplo obligando a las víctimas a permanecer desnudos”, se subraya en el informe.
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