La semana pasada, el vicegobernador de Buenos Aires le confesó a un grupo de allegados que su visita a la Unidad 47 de San Martín, un ejemplo carcelario de la iniquidad, le cambió su vida para siempre. Que el contacto directo, el diálogo con los allí privados de su libertad, le mostró con toda crudeza el rostro de la degradación al que puede conducir un sistema violatorio de los Derechos Humanos; y a la vez le fue útil para constatar que en ese tratamiento injusto se encuentra “el huevo de la serpiente” de los problemas sociales que suelen englobarse bajo el concepto “seguridad”.

“Hemos comprobado que agentes del Servicio Penitenciario proveen a los detenidos de una faca y diez pastillas, para que se maten entre ellos, y eso es lo que vale la vida de un ciudadano que delinquió y está encerrado”, dijo Gabriel Mariotto días después de su experiencia directa en aquella unidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires, primero a la agencia pública de noticias AgePeBa y después ante los micrófonos de la radio La Red.

Al explicar el uso de la figura “el huevo de la serpiente”, subrayó que “un ciudadano que pasa por esa experiencia de falta de libertad, que vive en condiciones inhumanas, que deambula con una vesícula que le explota y sin atención médica, sin agua potable, casi sin ver la luz del día y hacinado en un calabozo inmundo, cuando sale, lo hace dispuesto a matar o morir, porque le enseñaron que la vida vale diez pastillas”.

Puesto a interpretar, no dudo demasiado. Esas condiciones de vida en las cárceles bonaerenses –y otras en diversos puntos del país– se convirtieron en instrumentos necesarios –entre tantos otros– para el tejido de la siniestra red de complicidades entre el crimen organizado, funcionarios políticos y fiscales y agentes policiales y penitenciarios, causa profunda y última de los problemas de seguridad ciudadana que afectan a la población y que han llegado a convertirse en tema central de la agenda pública.

“En las cárceles se registran hechos que transgreden la Constitución, tanto nacional como provincial; en celdas donde tienen que convivir dos reclusos, lo hacen siete; el Estado debe estar preparado para dar seguridad y no para la represión, las cárceles tienen que ser sanas y limpias. Las instituciones deben brindar un abanico de planes para dar inclusión, y atender las necesidades básicas de los privados de la libertad”, había dicho el titular del Senado bonaerense ante las cámaras de la TV Pública de Argentina.

Unos días antes había disparado ante la citada AgePeBa: “la provincia de Buenos Aires debe respetar la condición humana y no lo está haciendo; hay que avanzar con todo en una reforma profunda del sistema de seguridad, justicia y Derechos Humanos (de la provincia), porque hemos constatado graves irregularidades por parte del Estado, violatorias de los más elementales Derechos Humanos, y ya estamos trabajando para que el gobierno bonaerense dé una pronta solución a esos problemas, cumpliendo con el sistema normativo y haciéndose cargo del respeto que merece la condición humana”. Acababa de recorrer las celdas de San Martín en compañía de representantes del Senado provincial y organismos de Derechos Humanos.

Por otra parte, quien fuera último interventor del COMFER y artífice de la gestión y militancia gubernamental que derivó en la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resaltó al diario Tiempo Argentino que “es inadmisible, como hemos comprobado en la cárcel recién visitada, que efectivos del Servicio Penitenciario proveen de armas a los internos. Hay que investigar esos hechos en forma urgente y los funcionarios del gobierno provincial implicados en ellos, como así también todos quienes tengan responsabilidad política deben ser sancionados conforme a lo que indican las leyes. No hay tiempo que perder, respetar la condición humana es una obligación de cualquier gobierno; y proveer un sistema de seguridad democrático también”.

He ahí “el huevo de la serpiente” que efectivamente tiene responsables políticos (¿y penales?). Es difícil imaginar cómo librarán esta vez el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal –jefe último de la policía y del Servicio Penitenciario, y hombre de esas propias filas–, como así también el conglomerado de fiscales y jueces de la provincia, sabedores de la situación denunciada y por consiguiente cómplices de la misma; a la vez que, dos más dos suele ser cuatro, promotores activos de aquella mencionada “red siniestra de complicidades”.

Los relatos periodísticos y de los propios actores acerca de un viaje a las profundidades de la noche carcelaria abonan lo que desde estas mismas páginas he señalado en varias oportunidades, aunque consciente de que, en una cuestión como la que nos ocupa, la reiteración vale y lamentablemente parece insuficiente: la provincia de Buenos Aires, por su carácter decisorio en este y otros casos de la agenda pública, pero la Nación también –y en ese sentido trabajan las instituciones competentes por orden directa de la presidenta Cristina Fernández– reclaman a gritos un enfoque integral de la “agenda seguridad”, concebida desde una matriz democrática; por otra parte la única desde la cual se podrá desmontar también la maquinaria de miedo y disciplina social dirigida por los fuertes poderes hegemónicos, que hacen uso de la corporación periodística y su paradigma de elaboración ideológica, el mismo que el juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, define como “criminología mediática” (ya lo escribimos pero también vale su reiteración).

En ese sentido, valga consultar al propio Mariotto, en el ojo del huracán para los medios concentrados que interpretan sus movimientos siempre como maniobras contra el gobernador Daniel Scioli, aunque el vice se esfuerce en aclarar, como lo hizo ante Tiempo, “estoy conversando con Daniel y lo haremos las veces que haga falta para darle una solución democrática a las cuestiones cárceles y seguridad, que forman parte de un mismo y único problema.” Valga consultarlo, acabo de escribir, para recordar cuáles son los ejes sobre los cuales se está trabajando en función de una salida a la cuestión.

“Policías judiciales y comunales; dotar de autonomía de la Defensa Pública; avanzar en comisiones parlamentarias como la que creó el Senado bonaerense para investigar hechos de gran relevancia, como el llamado caso Candela; establecer nuevos regímenes justos y humanitarios para las cárceles, en orden a las leyes y a la Constitución; modificar el reglamento del Consejo de la Magistratura provincial; y promover el juicio político a jueces, fiscales y defensores que consienten ‘el sistema de la crueldad’ y la trama última del delito. Esa es una agenda que puede dar buenos resultados”, dijo el vice de Scioli.

Todo un programa para que la vida deje de valer diez pastillas.

(*) Artículo publicado por el director de APAS en el diario Tiempo Argentino el miércoles 4 de abril.

Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=5480