Por Leonardo Scolpatti, especial para BAE
La idea general es adecuar las normas que los jueces de faltas municipales deben aplicar en los procesos contravencionales.
La iniciativa surgió del trabajo de una comisión especial coordinada por el diputado Iván Budassi. Tuvo la participación de sus pares José Comparato y Raúl Pérez, y la Asesoría General de Gobierno. El proyecto, que fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerense, busca adecuar, tras 35 años, las normas que los jueces de faltas municipales deben aplicar en el procedimiento contravencional por el que se investigan las conductas que pueden haber violado normas tanto comunales, o aquellas provinciales que deban ser aplicadas por las autoridades locales.
En declaraciones al diario BAE Budassi aseveró que la reforma busca que “todos los vecinos bonaerenses cuenten con mayores oportunidades para hacer valer sus derechos y garantías eficazmente en este tipo de juicios”. Al mismo tiempo, expresó que “se intenta organizar mejor la actual administración para que se cumplan de forma efectiva las normas municipales, sean las que se refieren a planeamiento urbano, normas de tránsito, salubridad y seguridad pública, bromatología, y todas las vinculadas a regular la convivencia armónica en el ámbito comunal”.
Asimismo, indicó que de prosperar la iniciativa se permitirá a los gobiernos municipales participar “activamente tanto en la esfera administrativa para controlar el proceso y ofrecer prueba, como en el proceso judicial, donde se le permite ser parte tanto para atacar alguna decisión que no considere oportuna, como para defender las sanciones que aplique el magistrado de faltas”.
Al momento de justificar la decisión comentó que el procedimiento de faltas municipales hoy vigente en la provincia fue sancionado en 1977 por el gobierno militar, y opinó que éste “no se corresponde con la estructura institucional de una democracia”. Además, diagnosticó que en todos los aspectos funcionales, esta justicia tiene “problemas que lo convierten en un procedimiento tortuoso, poco claro y poco ágil, y con dificultades tanto para que los particulares puedan ejercer su derecho de defensa, como para que los municipios puedan lograr un control judicial sobre las decisiones de estos jueces.
El diputado agregó como otro detalle negativo que existe “un cuerpo de jurisprudencia contradictoria sobre la competencia y proceso para revisar las decisiones de los juzgados de faltas que hacen necesaria una reforma integral del sistema”.
El proyecto resalta el carácter administrativo de todo el sistema, lo que permite “emplear los criterios del derecho administrativo para la evaluación y resolución de los casos”. Sobre este último aspecto, el diputado precisó que se quitaría a los magistrados de faltas la facultad de aplicar sanciones de arresto, o cualquier otra limitación a la libertad personal de los procesados, ya que sólo podrán aplicar sanciones que van desde el apercibimiento hasta multas, o clausuras de establecimientos.
“En respuesta a un reclamo de muchos sectores académicos y doctrinarios se ha dispuesto que la mayoría de las decisiones tomadas por los jueces de faltas sean revisadas judicialmente por jueces contencioso-administrativos. Ello porque los jueces del fuero penal, quienes tienen hasta el momento competencia en estos asuntos, deben resolver cuestiones que no se condicen con su preparación específica, ya que, por ejemplo, deben expedirse sobre actos administrativos vinculados a habilitaciones, o sobre la aplicación del Código de Planeamiento Urbano, o de otras normas vinculadas de forma directa al derecho administrativo”, indica. Así, en el proyecto sólo queda bajo la competencia de los jueces correccionales la revisión de las sanciones aplicadas sobre la base de las leyes de tránsito.
La iniciativa ampliaría las facultades de los jueces para prevenir conductas que puedan poner en peligro la salud y seguridad pública en el orden municipal, mediante la aplicación de medidas preventivas urgentes, y recalcó el carácter administrativo y su sujeción al régimen de empleo público de estos magistrados (aunque con particularidades propias), y se establecería un sistema más transparente para su nombramiento y remoción.
Fuente: http://www.diariobae.com/diario/2012/01/04/6477-luego-de-35-anos-buscan-modificar-el-procedimiento-de-faltas-bonaerense.html
