Ayer la Cámara de Diputados sancionó una ley que limita la excarcelación en caso de portación ilegítima de armas de fuego, intento de fuga y antecedentes penales. Esta es la segunda vez que se sanciona una norma con este propósito, la primera versión fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de la provincia por resultar “contraria a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales”.
Esta reforma incrementará la cantidad de detenidos con prisión preventiva, es decir de personas cuya culpabilidad no ha sido probada por la Justicia, que ingresarán a las cárceles que integran el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
De acuerdo con el Informe Anual 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el SPB tiene más detenidos que lugares para su alojamiento. “Para octubre de 2011 el SPB tendría como máximo alrededor de 18.640 plazas. Dado que existen 29.060 personas privadas de su libertad en la provincia, la sobrepoblación del sistema penitenciario provincial alcanzaría el 50%”, indica el informe del Cels. En la provincia hay 56 unidades penales, según este mismo informe 29 están sobrepasadas.
El informe 2012 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria agrega otro dato sobre las y los detenidos en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires: “el 62% está en prisión preventiva, es decir: aún inocentes sin condena”.
En cuanto a las condiciones de detención, la CPM sostiene que “ha prevalecido el “cupo penitenciario” en la fijación de los lugares. Donde entra un colchón hay una plaza sin que se pondere la relación entre cantidad de detenidos y los servicios con que cuenta la Unidad”. La sobrepoblación genera condiciones de alojamiento violatorias de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, a principios de junio la Asociación de Pensamiento Penal denunció que “hace meses que los presos bonaerenses tienen que alimentarse a base de fideos, arroz y carne picada. Hace meses que faltan de la dieta las verduras, las frutas y los lácteos (…) Del mismo modo, brillan por su ausencia los medicamentos elementales para la atención de las enfermedades más usuales, a la par que se carece de insumos tan básicos como los guantes de látex que deben usar los profesionales médicos para la realización de sus prácticas”.
Por su parte, el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, viene denunciando una grave situación sanitaria en las cárceles de San Martín. Los detenidos beben agua contaminada, los análisis realizados demostraron la presencia de materiales fecales, nitratos, cloruros y amoníacos. A pesar de que la Justicia ordenó al SPB abastecer a los presos con bidones de agua potable, los detenidos continuan bebiendo agua que daña su estado de salud.
A esta situación del sistema penitenciario se sumarán las personas a las que se les dictará prisión preventiva luego de la sanción de la ley de excarcelaciones.
La ley reforma del artículo 171 de la Ley 11.922 y establece que “en ningún caso se concederá la excarcelación, cuando hubiera indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”. Y agrega que “la eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148. El juez podrá considerar que concurren esos extremos cuando, en los supuestos de tenencia y portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”, agrega el texto.
La medida fue solicitada por el gobernador de la provincia: “Para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan», argumentó Daniel Scioli.
Esta segunda versión de la ley amplió las facultades de los jueces que son los que decidirán si el intento de fuga y la portación de armas son un riesgo procesal que justifiquen mantener al imputado en prisión preventiva.
Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en conversación con Infojus Noticiasafirmó: “que la ley se haya corregido parcialmente es un reconocimiento de que los organismos de derechos humanos teníamos razón”.
Al mismo tiempo, considera que si bien hubo algunas modificaciones, la medida sigue atacando garantías constitucionales: “Si bien se sacó la parte más inconstitucional que imponía la prisión preventiva, repite errores manifiestos porque crea una causal de prisión preventiva ligado a un causal penal, a un delito. Las causas para denegar la excarcelación deben estar ligadas al intento de eludir la justicia o entorpecer un juicio. Hay un criterio de inconstitucionalidad morigerado, pero sigue siendo inconstitucional”.
Respecto a la necesidad de controlar la circulación social de armas, la CPM considera que son necesarias medidas fuertes pero que esta nueva ley “no es una política de control de armas, es una política de endurecimiento de la encarcelación”.
Mosquera adelantó que la Comisión Provincial por la Memoria está evaluando qué acciones seguirán ante la sanción de la norma junto con las otras organizaciones que realizaron el primer pedido de inconstitucionalidad, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).
