Los abogados del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires presentaron, en días pasados, una denuncia penal ante la doctora Virginia Bravo de la Unidad Fiscal Nº 7 de La Plata, luego de recibir la información de los presos de la Unidad 45 de Melchor Romero.

El Comité recibió una comunicación telefónica desde el Pabellón 6 de la Unidad Penal 45 denunciando que los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense los obligaron reiteradas veces a salir del penal a realizar robos y hurtos para entregarles a los penitenciarios el producto de estos hechos delictivos. De acuerdo a la versión de los detenidos, el SPB los amenazaban con represalias a ellos y a sus familias en caso de que se negaran. A su vez, los agentes les proveían de uniformes policiales y les indicaban el lugar donde robar.

Los detenidos mencionaron que tienen distintas pruebas que certifican sus dichos como fotografías tomadas por teléfonos celulares donde algunos detenidos están vestidos con uniformes de policía y se ven las cosas robadas para los agentes penitenciarios. Son seis los detenidos que solicitaron a la Comisión Provincial por la Memoria asistencia urgente por temor a posibles represalias del SPB.

A raíz de estas denuncias, los abogados de la Comisión asistieron a la Unidad 45 donde verificaron los hechos y asistieron a los detenidos ya que ellos denuncian que fueron amenazados de muerte. El Comité contra la Tortura pidió urgente intervención fiscal para investigar los hechos relatados, las pruebas presentadas y tomar declaración a los detenidos. Asimismo, se le solicitó al Servicio Penitenciario Bonaerense el traslado inmediato de los detenidos denunciantes para que se resguarde su integridad física.

La fiscal Virginia Bravo se presentó en la Unidad 45 y tomó declaraciones a los detenidos que hicieron la denuncia. Le dio intervención al Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata, y la jueza Marcela Inés Garmendia ordenó como medida de seguridad el inmediato traslado a otra unidad de los denunciantes. Los abogados de la Comisión acompañaron a los detenidos a buscar sus pertenencias para el traslado y realizarse un chequeo médico pericial. Además, se informó oficialmente del hecho al Ministerio de Justicia, a la Subsecretaría de Política Criminal a cargo del Dr. Albarracín y se presentó un listado de las personas que necesitaban ser trasladadas.

Realizado el traslado a otras unidades penales de La Plata, los detenidos continuaron en contacto con la Comisión porque sienten que su seguridad no está garantizada y piden traslados a otras unidades más lejanas. La Comisión presentó un hábeas corpus por cada uno de ellos.