A cuatro años del fallido intento del gobernador Daniel Scioli de avanzar con una reforma del Código Contravencional bonaerense en base a un proyecto que contemplaba penas para figuras como el “merodeo” y la “vagancia”, legisladores del kirchnerismo buscan abrir ahora en las cámaras provinciales un nuevo debate para actualizar esa norma.
La propuesta la impulsa la presidenta del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, y, en líneas generales, apunta en dirección diametralmente opuesta a aquel proyecto que envió Scioli y su entonces ministro de Seguridad Carlos Stornelli en 2009, que recibió fuertes rechazos de parte de organismos de Derechos Humanos y de sectores de la Justicia por considerar que violaba la Constitución nacional y la provincial y derechos individuales y colectivos elementales.
Fioramonti y el vicepresidente del bloque, Patricio García, ingresaron la última semana un proyecto de resolución que propone crear una Comisión Bicameral que trabaje en la redacción de un nuevo Código de Convivencia provincial, sin proponer, a diferencia de aquel frustrada avanzada de Scioli, ninguna reforma de aspectos puntuales en cuanto a artículos o figuras a remover o actualizar.
UNA VIEJA DEUDA
“Es una vieja deuda que tenemos en la Provincia. La reforma constitucional de 1994 incorpora diversos tratados de Derechos Humanos y le impone a las distintas jurisdicciones que actualicen la legislación contravencional. Y es lo que plantean permanentemente jueces de paz y quienes tienen que aplicar esta norma que está desactualizada y tienen figuras perimidas”, explicó García a este diario.
En efecto, el debate que pretende abrir el kirchnerismo en las cámaras bonaerenses ya fue impulsado en repetidas ocasiones, bajo el argumento unánime de la necesidad de revisar y reformar la letra del decreto ley 8.031 que se implementó en la Provincia en 1973. La norma además haber quedado desactualizada tiene, según subraya Fioramonti, un “espíritu estigmatizante” sobre conductas sociales y otorga, además, “facultades discrecionales a los funcionarios públicos, concretamente a la Policía de Seguridad, que muchas veces redundaron en severos abusos”.
Redactado hace ya cuarenta años, el Código de Faltas de la Provincia fue actualizándose a lo largo de varias reformas menores que se lograron aplicar en las últimas décadas para eliminar artículos que disponían pena de arresto o multas, por caso, para quienes realizaran “prácticas homosexuales”, a las que se tipificaban como “viciosas”, o para quienes mendigaran en la vía pública.
El último intento de avanzar con una reforma integral del Código fue el de Scioli en 2009, a través de un proyecto que generó enorme polémica y fuertes rechazos de organismos de Derechos Humanos, juristas y académicos. La CTA, el CELS, la APDH y la Asociación Judicial Bonaerense, así como varios defensores oficiales de menores de la Provincia suscribieron una declaración en la que afirmaban que el proyecto era “inconstitucional por donde se lo mire” y que, en vez de perseguir el delito, podría ser usado para perseguir e inclusive para castigar a quienes participen de una protesta social, a quienes a criterio de las fuerzas de seguridad estén en actitud de “merodeo” o hasta a quienes tiren agua durante el carnaval, tomen una cerveza o jueguen al fútbol en una plaza.
La iniciativa, que luego de idas y vueltas quedó archivada en el Senado. Ya ni el propio Scioli insiste con los reclamos que, durante mucho tiempo, lanzó a los legisladores para que traten la norma.
NUEVA REGULACION
Ahora, el kirchnerismo busca abrir un debate integral sobre la norma pero con la intención de avanzar en sentido contrario al de aquel proyecto sciolista. La idea, además de actualizar figuras perimidas y depurar artículos, apunta a establecer una nueva regulación sobre las facultades de los agentes de las fuerzas de seguridad, explicaron fuentes del bloque oficialista. “El Código actual otorga facultades discrecionales que derivan en muchos casos en abusos¨, agregaron.
“El Código actual otorga facultades a la Policía que derivan en muchos casos de abusos”, dicen senadores K
Los impulsores de la reforma se apoyan, además, en una resolución de la Suprema Corte bonaerense que, dice, refuerza su planteo. En mayo pasado, el Tribunal ratificó un fallo de la Cámara Penal de La Plata que prohíbe a la Policía la detención de menores de edad por contravenciones, averiguación de identidad o por razones asistenciales. Con esa postura, la Corte provincial avaló el planteo de inconstitucionalidad sobre los artículos del Código de Faltas que permitían a la Bonaerense esa práctica, lo que volvió a poner a la norma en el centro del debate.
Pero si faltara un indicio de que la iniciativa del kirchnerismo apunta en sentido contrario a aquella reforma que impulsó Scioli, desde el bloque del FpV adelantan que el primer paso será convocar a diferentes actores sociales. Y subrayan la necesidad de sumar al debate a organismos de Derechos Humanos, como la Comisión por la Memoria, desde donde salieron las más encendidas críticas al proyecto sciolista.
Si Fioramonti logra conseguir respaldo dentro del conflictivo bloque oficialista y en sectores de la oposición, su intención es avanzar rápido con el debate. De hecho, el proyecto de resolución que presentó días atrás dispone, apenas sea sancionado, la creación de comisión Bicameral compuesta por cinco senadores y cinco diputados que redactarán el proyecto de Código de Convivencia dentro de 180 días.
