Legisladores del Frente Cívico presentarán la semana próxima tres proyectos de ley tendientes a mejorar las investigaciones de causas judiciales. Uno de ellos busca que en aquellas causas en las que estén involucrados efectivos policiales o guardiacárceles, sea la Policía Judicial y no miembros de las fuerzas de seguridad quienes tomen intervención en el caso.

En general, los proyectos buscan que el servicio forense se extienda a todo el ámbito geográfico del territorio de la provincia y no sólo a las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, donde únicamente se presta en la actualidad a través de las unidades judiciales.

Que no sean juez y parte. Los tres proyectos tratan de pro­fesionalizar y eficientizar el servicio de Justicia, hacerlo llegar a todos los judiciables de la provincia y evitar que en casos en los que están involucrados policías sean camaradas de la fuerza quienes releven la escena del crimen, tomen la denuncia o hagan la investigación.

Uno de los responsables de estas iniciativas legislativas 
a presentarse en sociedad el martes próximo es Santiago Clavijo, quien adelantó a este medio que no debe quedar al arbitrio de la Policía la recepción de las denuncias, como sucede en el interior provincial, donde no existen las unidades judiciales y el primer eslabón de la Justicia es una comisaría. Por eso, se busca que la Legislatura inste al Poder Judicial a extender esas oficinas de investigación (que tienen al menos cinco ju­diciales).

A su vez, se busca que el Ministerio Público Fiscal “incorpore al Reglamento Interno de Personal de la Policía el ‘Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las 
ejecuciones extralegales arbitrarias o sumarias’ contenido en el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas, así como el ‘Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley’ incluido en 
la Resolución 169/34 de la 
ONU”, según reza uno de los proyectos.

Sobre la limitación de intervención de policías en causas 
en las que estén involucrados uniformados, el proyecto de ley específico sostiene que al texto de la ley 8.123, Código Procesal Penal provincial, se le añada el siguiente párrafo en su artículo 324 (Capítulo 3, Título 1, Procedimiento): “En aquellos hechos de lesiones, malos tratos o muerte de personas en ocasión de aprehensión, detención y traslado de las mismas, donde pudiera resultar responsable personal integrante de las fuerzas de seguridad de la Provincia, las revisaciones, constataciones e informes médicos deben ser realizadas exclusivamente por la Policía Científica, bajo pena de nulidad del acto”.

El legislador Clavijo sostuvo que lo que se busca con estos proyectos es evitar la “apropiación de la escena del crimen por parte de la Policía”, la que debería dedicarse sólo a preservar la escena del crimen y dejar que se ocupen del hecho los integrantes de la policía científica.

Además de señalar que el Poder Político y la Justicia deben hacerse cargo del tema y no dejarlo en manos de la Policía, 
el legislador del Frente Cívico sostuvo a este diario que “esto se reduce a direccionar a dónde tienen que ir los fondos provinciales”. “El problema no es aumentar la cantidad de policías”, concluyó.

Impedir la apropiación

 

Los proyectos quieren evitar la “apropiación de la escena del crimen por parte de la Policía”.

 

Más información

– Igualdad ante la ley (análisis de Francisco Panero)

El texto original de este artículo fue publicado el sábado 25 de mayo de 2013 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.