“Hace muchos años se vienen sosteniendo una serie de medidas para democratizar la Justicia, especialmente la penal. La separación entre fiscalía y defensa está impuesta por la Constitución desde el año 1994 y a partir de la interpretación de la Corte a un fallo donde determina que el acusatorio es el único método posible para enjuiciar a una persona dentro del sistema de derechos humanos, y sólo puede haber una justicia penal de acuerdo a la Constitución si la fiscalía y la defensa no tienen un jefe en común”, así, Guillermo Nicora, representante de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) explica las bases del proyecto de ley que comenzará a circular en días más por el estamento político y donde se busca que los defensores oficiales penales no dependan ni estén bajo la órbita de la Procuración General, que es el órgano máximo de los fiscales.
Según sostienen desde Inecip, sólo mediante la división de funciones estructurales en el sistema procesal se puede garantizar el acceso irrestricto al sistema de justicia, la vigencia de los derechos y la inviolabilidad de la defensa en juicio.
Este proyecto recoge experiencias de diferentes provincias y hace foco en que la defensa pública por su raíz constitucional debe constituirse como autónoma con capacidad de definir políticas de defensa concretas, dictar instrucciones generales, recomendaciones preservándose de las injerencias externas. Asimismo, se apunta a que el defensor o defensora sea quien ejerza el poder disciplinario en los casos en que corresponda con excepción, lógicamente, de aquellas sanciones que deban ser atendidas por la Magistratura.
“Hoy todos los defensores de la provincia de Buenos Aires reconocen como jefe a la procuradora. Esto no es sano dado que hay una necesidad de asegurar la defensa en juicio y que realmente se pueda coherentemente dar a todas las personas la posibilidad de defenderse en una instancia judicial y la forma de lograr esto es contar con una defensa poderosa y autónoma”, advierte Nicora en conversación con BAE, haciendo referencia al sistema que rige en la provincia que –a diferencia de la Nación donde existe un modelo de ministerio público bicéfalo: con una defensoría y una procuración– cataloga como “débil” dado que no cuenta con autonomía de recursos y más complejo aún es cuando, por ejemplo, “la procuradora general es la que debe sostener determinado recurso que plantea un defensor y al mismo tiempo debe oponerse al propio recurso. Es decir, la procuradora ante la Suprema Corte es la jefa de los fiscales y los defensores, y debe atender los dos lados del mostrador lo cual es totalmente insostenible”.
Ejemplos de estos procesos son Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aire donde ya se está replicando este modelo; se suma a esta lista Santa Fe, que está en los inicios de la aplicación, y existen proyectos avanzados en Chubut y La Pampa para que “provincia a provincia se vaya cumpliendo con el mandato constitucional”, sostiene Nicora.
En este contexto el proyecto de ley de organización del servicio público provincial de la defensa busca que se otorgue independencia necesaria a ambos órganos a fin de que se puedan respetar las garantías constitucionales: cabe destacar que según se determinó en la última Asamblea General de la OEA el rol de la Defensa Pública Oficial debe apuntar a garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, ante lo que resuelve recomendar a los Estados miembros “que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen de independencia y autonomía funcional”.
Uno de los puntos más interesantes que detalla la iniciativa refiere a la apertura de la carrera de defensa, donde se permita a los distintos miembros ir avanzando profesionalmente a través de méritos en el desempeño laboral. “Esto significa la introducción de un sistema transparente de incentivos profesionales, dejando atrás los ascensos basados en el mero transcurso del tiempo, en negociaciones políticas o componendas corporativas que sólo conducen a un sistema de condicionamientos”, sostienen.
Se abre entonces un período de debate respecto de la conformación de la estructura de las instituciones judiciales y la necesidad de que exista autonomía a fin de respetar el derecho a defensa. Lo cierto es que el 2012 se presenta como un año propicio para la introducción de un proyecto de tales características, dado que en la apertura de las sesiones legislativas bonaerenses el gobernador Daniel Scioli mostró voluntad política de avanzar en la autonomía de la defensa.
“Los foros de discusión desarrollados en la provincia para tratar el tema de la policía judicial han abierto un espacio importantísimo para avanzar con temas de suma relevancia en la Justicia y que han sido muy bien recibidos por los legisladores. Tenemos aún por emprender, en agenda, temas como el Consejo de la Magistratura, la democratización del gobierno judicial, la reforma del ministerio público y toda la problemática carcelaria que merece también un gran debate dado que necesitamos avanzar en reformar integrales al sistema de justicia de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Nicora.
