Conocida la elevada cantidad de denuncias por hechos de violencia de género y familiar que se radican a diario en las unidades judiciales del Valle Central, uno de los fiscales de la unidad de Delitos Correccionales -la unidad que tiene a su cargo la investigación de estos hechos- explicó en diálogo con El Esquiú.com las características del proceso judicial que atraviesan tanto la víctima como el victimario y cómo se evalúa cada situación expuesta.
El proceso judicial que pone en movimiento un hecho de violencia de género o familiar empieza con la radicación de una denuncia ante autoridades judiciales. Una vez que el sumariante toma la denuncia, se da participación al juzgado de Familia y al fiscal en turno. “La primera medida de prevención es la exclusión del hogar de la persona acusada; si la víctima lo pide en la denuncia, ésa es una decisión que corresponde al juzgado de Familia”, explicó el fiscal Navarro Foressi. La persona acusada, de hacer lugar al pedido del denunciante, es notificada sobre la resolución y la cantidad de días que deberá ausentarse del hogar. Posteriormente, una vez que llegan los informes a manos del fiscal se decide si la persona en cuestión debe ser privada de su libertad.
Los informes y exámenes médicos de rigor son el siguiente paso que se toma y, de acuerdo con la explicación del fiscal, “son determinantes para decidir si una persona debe ser detenida luego de ser denunciada”. Además, esta clase de pericia también determinará la acusación penal que recae sobre un imputado y por ende la competencia de cada unidad fiscal en un caso. Las lesiones leves son competencia de la unidad de Delitos Correccionales, mientras que las lesiones graves y gravísimas -hablando desde el punto de vista jurídico- son competencia de la unidad de Delitos Criminales. “Por día en cada unidad se registran diferentes cantidades de denuncias. Las unidades Octava y Novena suelen tener más casos a diario pero cada una es diferente y por eso tenemos que priorizar cada situación”, detalló el fiscal.
Por otro lado, en los casos en los que hay menores involucrados, sea como víctimas directas o indirectas de una agresión física o psicológica, tras las primeras medidas precautorias se da intervención al ministerio de Desarrollo Social para contener a niños y adolescentes. El fiscal explicó además que en los últimos meses se ha registrado un importante incremento de la cantidad de denuncias por hechos de violencia, respondiendo en parte a las campañas de concientización que se realizan desde diferentes espacios.

http://www.elesquiu.com/notas/2013/7/9/policiales-287491.asp