ste tema será analizado mañana en la reunión de acuerdos. Advierten que existe un convenio entre la Nación y la Provincia y su incumplimiento es un delito. Pese a todo, los jueces ya buscan alternativas.
La Cámara Federal de Córdoba analizará mañana qué resolución adopta tras el anuncio del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) de que no trasladará más a los presos federales. Ello, tras el fallo del juez federal Carlos Ochoa, quien ordenó a la policía que deje de encadenar a los detenidos cuando son transportados de un lugar a otro.
La decisión -que causó sorpresa y malestar en la Justicia federal- fue adoptada por el Ministerio de Justicia de la Provincia y abarca a todos los reclusos federales, excepto a los acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, la resolución de la ministra Graciela Chayep es violatoria de un viejo convenio suscripto entre la Nación y la Provincia para que ésta se haga cargo del alojamiento de los presos federales en sus cárceles y, por medio del SPC, se encargue de su traslado. Esto significa que si la Provincia decide no hacerlo comete un delito, según advirtió a este diario una fuente de tribunales federales.
En el acuerdo de mañana, los camaristas deberán decidir si insisten con el pedido al SPC para que cumpla con lo acordado o, en cambio, pide refuerzos a otras fuerzas de seguridad. Esto último no será una tarea sencilla, explicaba otra fuente consultada por este medio.
Hábeas corpus
El traslado de los presos federales encadenados a la carrocería de los móviles del SPC, sin la correspondiente ventilación y con las puertas del vehículo cerradas con candado fue motivo de reclamo de varios defensores oficiales quienes presentaron diferentes hábeas corpus en los tribunales federales de Río Cuarto, Córdoba, San Francisco y Villa María.
El primero en hacerse eco de la cuestión fue el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien dispuso que los presos no deben ser más trasladados encadenados en móviles del SPC porque ello atenta contra normas internacionales, nacionales y hasta provinciales. En el resto de los tribunales el tema está por resolverse. El Colegio de Abogados de la Provincia también se quejó de la modalidad de traslado de los detenidos.
Reacciones
Consultada por este diario, la defensora oficial de Córdoba, Mercedes Crespi, cuestionó la medida y la calificó como “un desastre”. Dijo que esto muestra “abiertamente que el SPC se niega a modificar prácticas que a todas luces son violatorias de los derechos humanos de los detenidos”.
Y agregó: “Con esto, lo que nos están diciendo es que seguirán violando los derechos humanos del resto de los detenidos cuyos jueces o defensores no planteen sus objeciones”.
Decide la Corte: “Con esposas, no”, opinó la procuradora
Recientemente, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen favorable al cese del uso de las esposas en el traslado de los presos.El hábeas corpus correctivo había sido interpuesto por un preso federal y llegó hasta la Cámara Nacional de Casación Penal, que entendió que la Justicia no tenía facultad para intervenir en las políticas de seguridad penitenciaria.
La jefa de los 0fiscales opinó lo contrario al advertir que la intervención de la Justicia es necesaria “para rectificar el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de una o más personas privadas de su libertad”.
