A 20 años de la Masacre de Carandiru, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales recuerdan la matanza y piden justicia por el asesinato de 111 presos. Hasta hoy hubo solamente un juicio y ni una sola condena.

En la tarde de 2 de octubre de 1992, 321 policías militares entraron en el pabellón 9 del penal Carandiru -en la zona norte de la ciudad de San Pablo-, armados con ametralladoras, pistolas automáticas y fusiles y sin las identificaciones obligatorias en el uniforme.

La invasión fue motivada por un tumulto, tras una pelea entre dos presos. A pesar de que había señales de fuego y de algunos gritos de “rebelión”, los relatos posteriores dan cuenta de que no había posibilidad real de fuga o de una toma del pabellón por parte de los internos.

Sidney Francisco Salles, un sobreviviente, cumplía 4 años de condena por asaltos a bancos y camiones. En Carandiru trabajaba en la cocina del pabellón 9 y cuenta que los presos empezaron a tirar los cuchillos y otras armas blancas por las ventanas y a poner trapos blancos en las rejas en señal de rendición.

Sin embargo, autorizadas por el gobernador de la provincia, Luiz Antônio Fleury, y por el secretario de seguridad pública, Pedro Franco de Campos, y bajo el comando del coronel Ubiratan Guimarães, las tropas de la Policía optaron por la invasión.

Permiso para matar

Según otro sobreviviente, Jacy de Oliveira, en entrevista con la BBC Brasil, nadie pensó que los efectivos entrarían para matar a mansalva. “Empezaron a matar todo lo que veían adelante. Disparaban a la gente y después la tiraban en el pozo del ascensor. Muchos murieron atacados por perros que fueron soltados en el lugar donde estaban los heridos”, afirmó.

Oliveira cuenta que los policías hacían una especie de pasillo humano por dónde los presos tenían que pasar. “Yo estaba en el quinto piso, los presos pasaban entre los policías. Quien los miraba, era asesinado. Los presos habían puesto aceite en las escaleras y quien resbalaba también era asesinado”.

Las informaciones producidas por el peritaje, posteriormente, no dejaron dudas de que las muertes fueron en la realidad ejecuciones.

El primer perito en entrar en Carandiru fue Osvaldo Negrini Neto. Según declaró, pensó que se trataba de un caso de resistencia seguida de muerte. En ese momento, el número de víctimas era una incógnita y las informaciones divulgadas por la Policía y la prensa afirmaban que las muertes habían ocurrido en el contexto de una rebelión.

Neto, que fue amenazado de muerte, cuenta que no necesitó mucho tiempo para percibir lo que había pasado. La masacre estaba “escrita en las paredes”. “En los pasillos contaba dos o tres agujeros. Más del 90% de los tiros estaban dentro de las celdas y siempre desde la puerta hacia el fondo, es decir que era imposible que los detenidos hayan disparado contra los policías y, realmente, no había ningún policía herido”.

Camiones de gente

El perito cuenta que entró escondido en la cárcel, junto a un patrullero de la policía civil, con su fotógrafo, ya que la orden de la Policía Militar había sido no permitir la entrada del peritaje.

Con dificultades, debido a la falta de energía en el local, pudo recorrer los pisos superiores. La Policía Militar en ese momento ya estaba al tanto de su presencia, pero no pudieron prohibirle, una vez dentro del edificio, que continuara su labor.

“Cuando llegué, vi una escena dantesca, algo que nunca había visto en mi vida. Un monte de cadáveres, uno arriba del otro, todos completamente destrozados con muchos agujeros de balas”. En aquél momento, Neto contó 90 cuerpos. “Conté mal aquél día, eran 89”. Algunos cuerpos ya habían sido trasladados a las morgues.

Hoy jubilado, el perito recuerda que cinco camiones fueron necesarios para trasladar los cuerpos hasta las morgues. Los policías obligaron a algunos de los sobrevivientes -en total alrededor de 1800 presos- a buscar y cargar los cuerpos hasta los camiones. En ese momento, Neto se dio cuenta de que ellos estaban desnudos, sentados en el patio, arrodillados, cercados por policías. “Nunca vi algo tan deshumano en mi vida”.

Al día siguiente, Neto recibió la primera amenaza de muerte, por teléfono, con el tradicional “cuidado con lo que vas a decir”. El domingo había elecciones municipales en todo el país y la presión para que no se divulgara el numero de asesinados era enorme. De hecho, solamente en la tarde de domingo, finalizados los comicios, las primeras informaciones de que al menos 90 personas habían sido muertas en la masacre fueron divulgadas.

Si no hay justicia…

Pasados 20 años, hubo solamente un único juicio, en 2001, contra el coronel que comandó la acción, Ubiratan Guimarães. Fue condenado a más de 600 años de castigo en régimen cerrado, pero la Justicia le permitió el cumplimiento de la pena en libertad. Posteriormente, el juicio fue anulado y Guimarães fue electo diputado provincial en 2004. Dos años después fue asesinado por su novia en su casa.

Ninguno de los 321 policías fueron llevados a juicio hasta ahora y muchos de ellos siguen activos. Sin embargo, una semana antes del aniversario de la masacre, la Justicia anunció el juicio de 28 policías para el 28 de enero de 2013.

El trabajo de la Fiscalía será difícil, ya que la Justicia nunca permitió el examen de balística en las 390 armas utilizadas, lo que dificulta la existencia de pruebas concretas que vinculen particularmente a algunos policías con los disparos.

El gobernador y el secretario de seguridad pública nunca fueron acusados formalmente. En la tarde del 2 de octubre de este año, jóvenes del Levante Popular de la Juventud, junto con militantes de da Red 2 de Octubre y otros movimientos sociales escracharon al entonces gobernador del Estado de San Pablo, Luiz Antônio Fleury, en la puerta de su casa.

“Acá vive el asesino que ordenó las 111 muertes del Carandiru”, pintaron los manifestantes en la vereda. En medio consignas y canciones que pedían por justicia, dijeron los nombres de los 111 presos y pintaron el contorno de un cuerpo en frente a la casa, fuertemente monitoreada por miembros de la seguridad privada que asistieron, inquietos, al escrache. En la Plaza de la Sé, centro de la capital paulista, los manifestantes se sumaron a otros en un acto ecuménico en memoria de las víctimas.

Sistema carcelario

En el momento de la Masacre del Carandiru, el penal alojaba a 7257 detenidos, más del doble de su capacidad. En sus peores momentos sobrepasó los 8 mil internos, siendo considerado el penal más grande de América Latina.

En el pabellón 9, dónde había 2 mil personas, estaban los presos primarios. Alrededor de 80% de ellos todavía aguardaban su juicio.

En 2002, el gobierno paulista decidió demoler los edificios del penal. Al año siguiente, el gobierno anunció la construcción de un parque en el lugar, obra que solo fue concluida en 2010. Hoy, además del parque, hay una biblioteca pública, un gimnasio público para la práctica de deportes y dos escuelas técnicas construidas en los pabellones 4 y 7. Algunas ruinas de murallas y celdas permanecieron.

No hay ninguna mención a lo ocurrido el 2 de octubre de 1992. Thaire Cristina, de 17 años, frecuenta las clases de danza en lo que antes era el pabellón 4. La joven, que ni siquiera había nacido en 1992, afirma que “nunca nadie habló de lo que pasó. Todos los profesores van al escenario en el primer día de clases, dicen algunas de las reglas de la escuela, lo que se puede hacer y lo que no, pero nunca hablaron del tema”.

(Con informaciones de la Radioagencia Noticias do Planalto –http://www.radioagencianp.com.br; y Agencia Brasil – http://agenciabrasil.ebc.com.br)