Cincuenta y cuatro por ciento. No voy a hablar de lo que parece, sino de algo que nos tiene que doler: el cincuenta y cuatro por ciento de los presos sin condena de este país están presos por el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. En mi provincia, además, desaparecieron en democracia Miguel Bru, Luciano Arruga y Julio López, y los tres casos están impunes. Son razones suficientes para ocuparnos de la democratización de la Justicia bonaerense.

Trabajo en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Soy fiscal, y mi jefe, y la jefa de mi jefe, y todos los jefes del Ministerio Público, tienen jefaturas vitalicias, esas que no existen (que no deben existir) en ningún lugar de una república. ¿Quién inventó esto de que la independencia y la estabilidad de los fiscales radica en que el jefe sea jefe durante veinte o treinta años? La estabilidad y la independencia van a existir cuando haya una verdadera carrera profesional, en la que se ascienda por mérito y buen desempeño, no sólo por antigüedad (y por no hacer olas). Los jefes de los fiscales tienen que volver a ser fiscales después de ser jefes. Un funcionario de la república termina su mandato y vuelve al llano.

Mis colegas y contrapartes habituales, los defensores oficiales, tienen el mismo problema de jefaturas incompatibles con la república. Y ¿saben qué? Ellos y yo tenemos el mismo jefe. El parche de fin del año pasado no cambió nada: la nueva ley de Ministerio Público de la provincia sigue negando la autonomía de la defensa, y sólo viene a aumentar el número de jefes vitalicios. Una defensa dependiente es una defensa débil. Y para la sociedad, tener una defensa débil es como andar en un auto sin frenos.

Decía recién que los defensores y los fiscales de la provincia tenemos un mismo jefe. Pero eso no es todo. Además, la procuradora, jefa de los fiscales y defensores, también es jefa de los jueces: ella integra un organismo (la Suprema Corte) que tiene un poder de mando casi infinito sobre los jueces de mi provincia. Y después dicen que las leyes que se acaban de aprobar amenazan la independencia judicial. ¿Dónde está hoy la independencia judicial? La independencia del juez bonaerense no existe, y no existirá mientras la Suprema Corte y las Cámaras sigan administrando los recursos como una perfecta monarquía y ejerciendo funciones de “superintendencia”, que es el nombre de la dependencia. Hay que transformar el gobierno judicial, necesitamos que los recursos de los jueces sean administrados por un Consejo elegido democráticamente por todos los jueces de la provincia, sin distinción de fueros. Un juez es igual a otro juez, eso es independencia.

Hay que cambiar los modelos feudales de juzgados y tribunales de integración fija: todos los jueces de la misma competencia y jurisdicción tienen que integrar un colegio, que elija su presidente y que tenga un administrador profesional encargado de todo lo que no sea resolver casos judiciales. Los jueces, a las salas de audiencias, a oír a las partes y dictar resoluciones y sentencias. Nada más.

Hay que dejar de violar la Constitución: todos los juicios criminales de este país deben ser resueltos por un jurado. Tenemos una ley, imperfecta pero buena, a medio sancionar en la Legislatura bonaerense. Señores senadores, señor vicegobernador: apruébenla, y empecemos a discutir cómo le mejoramos los problemas. Pero tenemos que empezar a devolverle urgentemente al pueblo el derecho a decidir quiénes tienen que ir a ocupar nuestras cárceles. Sin dudas lo van a hacer mejor de lo que venimos haciéndolo hasta ahora, que tenemos cárceles llenas y ciudadanos inseguros.

Necesitamos una Justicia como la gente, y eso quiere decir cerca de la gente. La Justicia de paz ha dejado de ser una Justicia de proximidad, que solucione los conflictos cotidianos antes de que sean dramas enormes, y no les sirve a las mujeres y los hombres comunes: sólo sirve para que los abogados sigamos haciendo trámites y fabricando expedientes.

Muchos de ustedes seguramente ignoran (como lo ignoraba yo hasta hace unos días) que en la provincia de Buenos Aires viven varias comunidades de pueblos originarios, que tienen negado el derecho a sus propias formas ancestrales de hacer justicia. Y que –como cientos de miles de bonaerenses– tienen enormes problemas de acceso a la tierra, de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a la igualdad. Y el más importante, la llave de todos los derechos: el acceso a la Justicia.

Los que integramos Justicia Legítima somos la parte crítica de un sistema judicial que, en vez de hacer justicia, se mira el ombligo para sacarse la pelusa. Y estamos muy orgullosos de reunirnos para hablar de política. No le tememos a la “politización de la Justicia”. Procurar y administrar justicia siempre ha sido, es y será una actividad política. A lo que sí le tememos es al secreto y a la hipocresía de los que ocupan cargos judiciales para satisfacer la vanidad propia, para debilitar a los débiles y para fortalecer a los poderosos.

En conclusión, el espacio judicial es un espacio de lucha por los derechos, es un espacio de lucha política. Vamos a terminar de dar vuelta la página que comenzó el 9 de septiembre de 1930, cuando la Corte Suprema hizo la venia a los golpistas que derrocaron al primer presidente verdaderamente elegido por el pueblo que hubo en este país. Vamos a hacer que la política que hacemos todos los días desde las oficinas judiciales y desde las salas de audiencia sea una política transparente, democrática y al servicio del campo popular.

* Fiscal bonaerense e integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Cincuenta y cuatro por ciento. No voy a hablar de lo que parece, sino de algo que nos tiene que doler: el cincuenta y cuatro por ciento de los presos sin condena de este país están presos por el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. En mi provincia, además, desaparecieron en democracia Miguel Bru, Luciano Arruga y Julio López, y los tres casos están impunes. Son razones suficientes para ocuparnos de la democratización de la Justicia bonaerense.

Trabajo en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Soy fiscal, y mi jefe, y la jefa de mi jefe, y todos los jefes del Ministerio Público, tienen jefaturas vitalicias, esas que no existen (que no deben existir) en ningún lugar de una república. ¿Quién inventó esto de que la independencia y la estabilidad de los fiscales radica en que el jefe sea jefe durante veinte o treinta años? La estabilidad y la independencia van a existir cuando haya una verdadera carrera profesional, en la que se ascienda por mérito y buen desempeño, no sólo por antigüedad (y por no hacer olas). Los jefes de los fiscales tienen que volver a ser fiscales después de ser jefes. Un funcionario de la república termina su mandato y vuelve al llano.

Mis colegas y contrapartes habituales, los defensores oficiales, tienen el mismo problema de jefaturas incompatibles con la república. Y ¿saben qué? Ellos y yo tenemos el mismo jefe. El parche de fin del año pasado no cambió nada: la nueva ley de Ministerio Público de la provincia sigue negando la autonomía de la defensa, y sólo viene a aumentar el número de jefes vitalicios. Una defensa dependiente es una defensa débil. Y para la sociedad, tener una defensa débil es como andar en un auto sin frenos.

Decía recién que los defensores y los fiscales de la provincia tenemos un mismo jefe. Pero eso no es todo. Además, la procuradora, jefa de los fiscales y defensores, también es jefa de los jueces: ella integra un organismo (la Suprema Corte) que tiene un poder de mando casi infinito sobre los jueces de mi provincia. Y después dicen que las leyes que se acaban de aprobar amenazan la independencia judicial. ¿Dónde está hoy la independencia judicial? La independencia del juez bonaerense no existe, y no existirá mientras la Suprema Corte y las Cámaras sigan administrando los recursos como una perfecta monarquía y ejerciendo funciones de “superintendencia”, que es el nombre de la dependencia. Hay que transformar el gobierno judicial, necesitamos que los recursos de los jueces sean administrados por un Consejo elegido democráticamente por todos los jueces de la provincia, sin distinción de fueros. Un juez es igual a otro juez, eso es independencia.

Hay que cambiar los modelos feudales de juzgados y tribunales de integración fija: todos los jueces de la misma competencia y jurisdicción tienen que integrar un colegio, que elija su presidente y que tenga un administrador profesional encargado de todo lo que no sea resolver casos judiciales. Los jueces, a las salas de audiencias, a oír a las partes y dictar resoluciones y sentencias. Nada más.

Hay que dejar de violar la Constitución: todos los juicios criminales de este país deben ser resueltos por un jurado. Tenemos una ley, imperfecta pero buena, a medio sancionar en la Legislatura bonaerense. Señores senadores, señor vicegobernador: apruébenla, y empecemos a discutir cómo le mejoramos los problemas. Pero tenemos que empezar a devolverle urgentemente al pueblo el derecho a decidir quiénes tienen que ir a ocupar nuestras cárceles. Sin dudas lo van a hacer mejor de lo que venimos haciéndolo hasta ahora, que tenemos cárceles llenas y ciudadanos inseguros.

Necesitamos una Justicia como la gente, y eso quiere decir cerca de la gente. La Justicia de paz ha dejado de ser una Justicia de proximidad, que solucione los conflictos cotidianos antes de que sean dramas enormes, y no les sirve a las mujeres y los hombres comunes: sólo sirve para que los abogados sigamos haciendo trámites y fabricando expedientes.

Muchos de ustedes seguramente ignoran (como lo ignoraba yo hasta hace unos días) que en la provincia de Buenos Aires viven varias comunidades de pueblos originarios, que tienen negado el derecho a sus propias formas ancestrales de hacer justicia. Y que –como cientos de miles de bonaerenses– tienen enormes problemas de acceso a la tierra, de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a la igualdad. Y el más importante, la llave de todos los derechos: el acceso a la Justicia.

Los que integramos Justicia Legítima somos la parte crítica de un sistema judicial que, en vez de hacer justicia, se mira el ombligo para sacarse la pelusa. Y estamos muy orgullosos de reunirnos para hablar de política. No le tememos a la “politización de la Justicia”. Procurar y administrar justicia siempre ha sido, es y será una actividad política. A lo que sí le tememos es al secreto y a la hipocresía de los que ocupan cargos judiciales para satisfacer la vanidad propia, para debilitar a los débiles y para fortalecer a los poderosos.

En conclusión, el espacio judicial es un espacio de lucha por los derechos, es un espacio de lucha política. Vamos a terminar de dar vuelta la página que comenzó el 9 de septiembre de 1930, cuando la Corte Suprema hizo la venia a los golpistas que derrocaron al primer presidente verdaderamente elegido por el pueblo que hubo en este país. Vamos a hacer que la política que hacemos todos los días desde las oficinas judiciales y desde las salas de audiencia sea una política transparente, democrática y al servicio del campo popular.

* Fiscal bonaerense e integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).