Cristina Fernández de Kirchner propuso ayer la designación del abogado Roberto Manuel Carlés como ministro de la Corte Suprema de Justicia. El penalista de 33 años, quien accederá al cargo si se obtiene el respaldo de dos tercios de los senadores presentes el día que se trate su pliego, fue propuesto para cubrir la vacante abierta por la renuncia de Raúl Zaffaroni. Experto en Derecho Penal, Carlés coordinó la comisión redactora del anteproyecto de reforma del Código Penal, donde entabló una buena relación con los dirigentes opositores que la integraron. En el oficialismo tienen expectativas de que ese vínculo, sumado a los antecedentes de Carlés y su buena relación con el papa Francisco, lleve a la oposición a rever su posición de no avalar ninguna designación en el máximo tribunal hasta que no asuma el próximo presidente.
El momento elegido por la jefa de Estado para formular la propuesta obedece al decreto 222/03, de designación de magistrados, del ex presidente Néstor Kirchner, que fijó un plazo de 30 días (vencía mañana) para proponer al reemplazante de un juez que presenta la renuncia. La obligación de designar un quinto juez del máximo tribunal de la Nación surge de la ley 26.183, sancionada en 2006. La incógnita ahora es saber qué hará la oposición, ya que el oficialismo no cuenta con dos tercios propios de senadores necesarios para avalar la designación.
En noviembre pasado, conocida la renuncia de Zaffaroni, un grupo de 29 legisladores de distintos bloques firmó un documento para anunciar que no apoyarían a ningún postulante hasta que no concluya el actual mandato presidencial; es decir, durante todo 2015. Ayer, apenas conocida la noticia, el jefe del bloque radical Gerardo Morales anticipó su rechazo: “Sin experiencia y con militancia activa en La Cámpora, CFK ofende y agravia con la propuesta de Carlés para la CSJ”, escribió en Twitter. La única y breve militancia que se le conoce a Carlés fue en la Franja Morada mientras estudiaba derecho en la UBA. “No viene ni de La Cámpora ni de Justicia Legítima. Les va a resultar difícil encontrar argumentos para oponerse a su designación”, analizaban ayer en el oficialismo y especulaban con la posibilidad de un quiebre en el frente opositor. “Además del radicalismo, están el peronismo federal y el PRO”, apuntó a Página/12 un conocedor de los tantos en el Senado. Según las cuentas de los operadores oficialistas, sólo con sumar a sus aliados de siempre y a los peronistas disidentes lograrían cruzar la barrera de votos necesarios para llevar a Carlés al máximo tribunal.
Zaffaroni anunció su renuncia el 31 de octubre pasado en una carta dirigida a la Presidenta. “Motivan esta dimisión ineludibles razones normativas y, más lejanamente, éticas y de convicción personal”, escribió entonces Zaffaroni, en referencia a que estaba próximo a cumplir 75 años, la edad tope que fija la Constitución para la actuación de esos magistrados. La noticia de la propuesta de Carlés, considerado un discípulo de Zaffaroni, la dio a conocer el ministro de Justicia, Julio Alak, quien antes lo recibió en su despacho. Se trata de “una decisión relevante y una cuestión de importancia institucional para el país”, señaló el funcionario durante el anuncio en Casa de Gobierno. “De concretarse su designación, se convertirá en el ministro de la Corte más joven de la historia argentina”, señaló. Hasta hoy ese lugar lo ocupa Julio Oyhanarte, cuyo nombramiento impulsó el presidente Arturo Frondizi.
Oyhanarte asumió con 37 años, cuatro más de los que tiene Carlés, a quien en el oficialismo presentaban ayer como “el contrapeso a la figura vetusta de Carlos Fayt”, que este domingo cumplirá 97 años.
El candidato a juez de la Corte se recibió de abogado con diploma de honor en la UBA, es doctor en derecho por la Università degli Studi di Ferrara, en Italia, y doctor en ciencias penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Carlés preside el Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), es secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Coordinó la comisión redactora que presidió el ex juez de la Corte e integraron Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), María Elena Barbagelata (Partido Socialista) y León Arslanian. El 23 de octubre último participó en el Vaticano de la audiencia del papa Francisco con representantes de la AIDP. Jorge Bergoglio llamó ese día a la comunidad internacional a abolir la pena de muerte “legal o ilegal y en todas sus formas” y a luchar para “mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana”. Carlés se había reunido con el jefe de la Iglesia Católica en marzo, en una audiencia privada que gestionó la fallecida abogada Alicia Oliveira.
Alak recordó en la conferencia que la propuesta de la Presidenta implica cumplir con el primer paso del procedimiento previsto por el decreto 222/03, por el cual “se autolimitó las facultades del Ejecutivo para proponer al Senado la designación de jueces de la Corte Suprema”. El artículo 4 de ese decreto establece que, una vez producida una vacante en la Corte, “en un plazo máximo de 30 días se publicará en el Boletín Oficial, y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares” del candidato propuesto. “La publicación a la que se refiere la norma reglamentaria se realizará a partir de mañana (léase hoy)”, señaló Alak. “La decisión se adopta por la vacante producida por la renuncia del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni a partir del 31 de diciembre y en cumplimiento del artículo 2 de la ley 26.183 de 2006, que redujo a cinco el número de miembros de la Corte”, recordó Alak. El alto tribunal, que comenzó 2014 con siete jueces, se había reducido a cinco tras los fallecimientos de Carmen Argibay en mayo y de Enrique Petracchi en octubre.
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