El diputado Carlos Albrieu afirmó que existe la intención de que antes de fin de año se apruebe la reforma del Código Procesal Penal. El integrante de la Cámara Baja también aseguró que hay consenso sobre la elaboración del proyecto y la necesidad de su implementación.
La discusión ya lleva varios años, y sobre todo, la idea de un cambio de paradigma a la hora de la acusación se posicionó en el centro del debate. Diferentes proyectos, iniciativas e ideas buscaron impulsar una reforma del Código Procesal Penal que pudiera acabar con algunos vicios duramente criticados en el fuero.
Parece que los reclamos finalmente serán escuchados, ya que Oscar Albrieu (FpV), diputado y presidente de la Comisión de Legislación Penal, aseguró a Diario Judicial que buscarán aprobar el proyecto de ley que busca llevar a cabo la reforma antes de fin de año.
En estos términos, el integrante de la Cámara Baja también relató que “la próxima reunión de la Comisión, que será después de estas elecciones legislativas, llevaremos a cabo un plenario para ver si podemos emitir y consensuar un despacho de cara a su tratamiento de parte de toda la Cámara y para, de esta forma, sancionar de una vez la reforma”.
Ya en 2010 Albrieu había insistido para que se lleve a cabo esta iniciativa. Entonces, expresó a Diario Judicial: “El proyecto implementa un sistema adversarial puro, dejando de lado todo resabio inquisitivo de la ley penal”. Se deja el ejercicio de la acción en manos del fiscal; lo que surge de una correcta interpretación de la Constitución Nacional, dejando así librado al juez la tarea de juzgar”.
En la actualidad, el diputado señaló que el proyecto “está bastante avanzado, ya se discutieron muchos puntos en los que había controversias de forma concreta, pero sin embargo siguen existiendo problemas por falta de unidad política para avanzar en este sentido. Lo cierto es que queremos que el despacho salga de la próxima reunión”.
Al mismo tiempo, Albrieu aclaró que “en líneas generales no hay cambios que queramos introducir, pueden haber algunos puntos en particular pero lo cierto es que existe un gran nivel de acuerdo sobre el proyecto”.
La discusión en torno a la reforma del Código Procesal Penal tuvo un nuevo capítulo que justificó el impulso de parte del bloque oficialista, ya que los integrantes de Justicia Legítima estuvieron reunidos con varios legisladores y funcionarios de la administración de Justicia para charlar acerca de la necesidad de que se sancione la propuesta y se pase, sin más dilaciones, a un sistema acusatorio.
En este sentido, además de la organización que nuclea a jueces, letrados y otros funcionarios, se sumaron el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros, que recientemente llevaron a cabo un encuentro con el ministro de Justicia Julio Alak para plantearle estas cuestiones.
El fiscal Jorge Auat declaró que es necesario “un cambio serio en la estructura procesal”, mientras que su par, Félix Crous, titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad, aseveró que “pocas cosas tiene tanto consenso como el sistema acusatorio porque se trata de un aporte para todos los argentinos, que hasta incluso la oposición política ha dado señales de apoyarlo”.
La titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, expresó por su parte que “un código inquisitivo no se corresponde con un proceso democrático” y agregó que la “reforma propuesta permite un proceso penal más ágil, y por lo tanto, también, más breve”.
A fines del año pasado, más de 200 jueces se pronunciaron siguiendo este mismo orden de ideas, en una carta a la que adhirieron y que redactaron Ángela Ledesma, magistrada de la Cámara de Casación Penal, y el entonces presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Luis María Cabral.
En la misiva dirigida al Congreso Nacional, los firmantes destacaron que “Nos da una profunda tristeza ver cómo todos los días estamos dictando la prescripción de causas. (…) Los casos que más prescriben son los de cierta complejidad, en los que está comprometido el patrimonio del Estado (casos de presunta corrupción): por ejemplo, acaba de prescribir, después de veinte años, la causa por la privatización de Aerolíneas Argentinas”.
