Cuando mañana se presenten ante la jueza María Romilda Servini de Cubría cuatro ciudadanos españoles a declarar contra los crímenes del franquismo, aquí en Buenos Aires, Argentina continuará con el camino que emprendió España a fines de los ’90. Por entonces, el juez Baltasar Garzón perseguía crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile y Argentina. Así se detuvo al dictador chileno Augusto Pinochet en Inglaterra, se juzgó al marino argentino Adolfo Scilingo en Madrid y se extraditó al capitán de corbeta Ricardo Cavallo desde España a la Argentina, habiendo sido detenido en México.
Según fuentes cercanas al caso, se estima que en el transcurso de este año se dicten órdenes internacionales de detención. La querella fue iniciada en 2010 por Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, español exiliado de 90 años y sobrina nieta argentina de republicanos fusilados al inicio de la dictadura de Francisco Franco (véase Miradas al Sur, 29-1-12). Quienes mañana declaren en el Juzgado Federal Nº 1, lo harán en representación de 55 nuevos casos, todos españoles, por lo que portan sus dramáticos testimonios de encierros y torturas, además de documentación probatoria de la actuación de los genocidas.
La defensa cuenta con un seleccionado de abogados notables, entre los que se cuentan David Baigún, Beniusz Szmukler y Carlos Slepoy. Exiliado en España durante los ’70, el argentino Carlos Slepoy fue el abogado de la acusación popular en los juicios que en el Estado español instruyó Garzón contra el general Rafael Videla y otros miembros de la dictadura argentina. Aquí habla desde el país ibérico –donde reside– sobre la trascendencia de la querella en la Argentina.
–¿La fundamentación jurídica del juzgado de Servini es igual a la del juez Garzón en el caso de los criminales argentinos?
–El principio de justicia universal es exactamente el mismo que en España. El principio de jurisdicción universal establecido en Argentina es absoluto e irrestricto. En el caso argentino, el artículo 118 de la Constitución Nacional establece que cuando se produzcan delitos contra el derecho de gentes fuera de la nación, el Congreso determinará el juzgado que ha de actuar. Es decir que esta disposición está en nuestra Constitución desde 1853. Además, cuando Argentina adhirió a la Corte Penal Internacional se estableció que era competente para juzgar delitos que se especifican en el Estatuto de la CPI, es decir crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
–¿Qué implica que en este caso el tribunal argentino tenga jurisdicción internacional?
–Bueno, habría que destacar que es diferente a la Justicia internacional. Mientras ésta es ejercida por tribunales internacionales –por ejemplo, los tribunales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda–, la jurisdicción internacional es la que ejercen los juzgados nacionales en la persecución de crímenes internacionales, específicamente crímenes contra la Humanidad.
–¿Qué pasaría si la jueza establece culpabilidades sobre ciudadanos españoles?
–El caso de Scilingo es el espejo. Scilingo es un argentino que fue juzgado en España, y está cumpliendo prisión en España. Si un español fuera detenido, sería juzgado en la Argentina y llegado el caso condenado en este país.
Los cuatro ciudadanos españoles que mañana declaran pertenecen a Asociación La Comuna. Son Manuel Blanco Chivite, José María Galante Serrano, Josu Mirena Ibargutxi San Pedro y Sabin Arana Bilbao. Fueron “represaliados” por el franquismo, encarcelados y torturados entre 1968 y 1977. Blanco Chivite es periodista; fue condenado a muerte en septiembre de 1975 y luego conmutada su pena; forma parte de un grupo de once, de los cuales cinco fueron ejecutados. Su testimonio es importante porque además de haber sido vejado él mismo es testigo de los juicios sumarísimos que sin ninguna prueba condenaron a muerte a sus compañeros. Galante fue juzgado en diversas ocasiones y trae consigo un listado de torturadores. Estos cuatro tienen los poderes que presentarán a los abogados Máximo Castex y Ricardo Huñis.
Al mismo tiempo, se están preparando numerosos testimonios en distintas ciudades de España en relación con el viaje que tiene previsto hacer la jueza Servini de Cubría a la embajada argentina en Madrid, en junio de este año. “Cuando salió el exhorto en diciembre pasado, por el que la jueza pidió los nombres de todos los ministros, jueces que dictaron las sentencias de muerte, una lista importante de torturadores, etc., tuvo una repercusión enorme en España –cuenta Slepoy–. Por ejemplo, la gente de Asociación La Comuna hizo una asamblea en donde 400 personas decidieron presentarse todos en esta causa.”
–¿Qué trascendencia tiene en la Argentina que un juzgado de la Nación actúe en una causa universal?
–Argentina se pone indudablemente en la primera línea de la persecución de crímenes contra la Humanidad. Es el único tribunal que ha asumido la responsabilidad en nombre de la comunidad internacional, lo cual prestigia enormemente a la justicia argentina y está dentro de la estela de los juicios que se vienen desarrollando aquí y que son una referencia mundial. El hecho de que haya en Argentina más de 270 condenados, más de 850 procesados, no sólo marca una política de derechos humanos, sino que además da plena legitimidad a la Justicia para hacer esto. Argentina tiene el precedente de no haber dado la espalda a los crímenes cometidos en su territorio, que es lo inverso de lo que sucedió en España. Aun así, estamos a la espera de que en otros países de América latina pero especialmente de Europa –Alemania, Francia o Italia, que sufrieron genocidios y el fascismo– haya efectivamente iniciativas de este tipo. Creemos que la querella argentina puede ser un acicate para que esto ocurra.
