Señor presidente y señores miembros del consejo directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin presentar mi renuncia a la Asociación.

Según se nos ha comunicado, el lunes 13 de mayo se llevó a cabo la reunión mensual del consejo directivo en la que, con respecto al texto de la nueva Ley del Consejo de la Magistratura, se decidió por unanimidad autorizar la iniciación de acciones legales a fin de impugnar puntos esenciales de la reforma y se autorizó al presidente a otorgar los poderes judiciales correspondientes. La representación de la Asociación (AMyFJN) en dichas acciones estará a cargo de los abogados Alberto García Lema y Enrique Paixao. Los distintos periódicos dan cuenta del inicio de esas acciones y de otras a título personal, con foto color y destacada de nuestro presidente y esos abogados.

La razón de mi renuncia es estrictamente social, y la motivan estas últimas noticias, que vienen a ser las gotas que rebasaron el vaso, porque se enmarcan en la misma concepción de una larga lista de expresiones que viene tomando la conducción de nuestra institución, totalmente extraña al objeto social y a la razón de ser de una asociación de magistrados y funcionarios. Esas acciones consisten en enfrentar a unos socios contra los otros, en lugar de trabajar para concebir la AMyFJN como un espacio de contención, de encuentro y de discusión, que acoja a todos los sectores con ideologías diferentes. La conducción se mueve como si la Asociación fuera un nuevo partido político, el judicial, cuya única idea visible es la defensa ciega de determinados colegas y de privilegios insostenibles en una democracia del 2013, ya que, en nombre de la representación que ostentan, aceptan o denuestan políticas de Estado (no del gobierno de turno) al que en realidad debemos servir, como si los jueces tuviesen algún tipo de competencia en la sanción y promulgación de la leyes que son el producto de la soberanía popular. Todas las expresiones de esta conducción siempre se reducen al mismo patrón, la defensa de los intereses de quienes pertenecen al círculo áulico de su dirección, sin reparar en que muchos de los socios piensan distinto y que se sienten ofendidos por los “comunicados” y acciones emprendidas. Por ejemplo, los funcionarios abogados y los fiscales y defensores oficiales, todos abogados, no podíamos votar para candidatos a consejeros de la magistratura, pese a que ese órgano ejercía el cogobierno del poder del Estado, el Judicial, en el que trabajamos o ante el que actuamos. O también, en muchas ocasiones desplegaron la defensa de colegas sin reparar en que habían sido denunciados por otros magistrados o funcionarios también socios, especialmente por la participación de aquéllos en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Y ahora, otra muestra. La AMyFJN está compuesta por socios fiscales, defensores y funcionarios, que no tenemos ningún interés jurídico directo o indirecto en las acciones judiciales citadas que, sin embargo, serán interpuestas en nuestro nombre o, lo que es peor, de manera individual pero usando el nombre de la asociación como símbolo de pertenencia, como base de sustentación o apoyo. No existe ningún interés de la Asociación en juego. Las acciones serán interpuestas en defensa exclusiva del interés personal de algunos jueces que consideran que las leyes cuya inconstitucionalidad predican les producirán (vaya uno a saber cuándo y cómo) un perjuicio personal o profesional.

En fin, he perdido toda voluntad de seguir integrando esta asociación porque las acciones que viene llevando y llevará adelante son incompatibles con mis ideales republicanos y democráticos. Tampoco tengo más fuerzas para oponerme a ellas desde el seno mismo de la AMyFJN. Lo siento profundamente porque allí hay muchos amigos y gente que respeto enormemente. En mis 26 años de socio he recibido muchísimo de la AMyFJN, y he tratado de representarla con dignidad y seriedad en las ocasiones en que me han distinguido con su mandato. Espero que así haya sido entendido. Saludos a ustedes con la más distinguida consideración.

* Fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, doctor en Derecho, profesor titular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal (UBA).

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-221419-2013-06-03.html