En diálogo con AgePeBA, el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, se refirió a la grave situación que viven los internos de los penales 46, 47 y 48 por la contaminación de las napas a causa de los basurales de José León Suárez y la falta de abastecimiento de agua potable en bidones.
Casolati recordó que en enero de 2008 presentó un hábeas corpus para que se adoptaran las medidas necesarias que garanticen la salud, la integridad física y psíquica de los internos de esas cárceles, debido a la sospecha de que la tierra y el agua del lugar estaban contaminadas.
Luego de varias presentaciones judiciales en las Defensorías de San Martín y San Isidro denunciando la situación sanitaria, se dictaminó que el agua no era apta para beber debido a las cantidades enormes de materiales fecales, nitratos, cloruros y amoníacos que se encontraron. A partir de ello, se ordena la entrega de al menos 5 litros de agua para cada recluso.
La Provincia realizó nuevos pozos en cada una de las unidades penitenciarias y desde febrero discontinuó el abastecimiento de agua potable en bidones. Los internos tomaron durante tres meses agua extraída de napas ubicadas a menos de 100 metros de un relleno sanitario colapsado.
“Muchos internos dijeron tener problemas gástricos, forúnculos en la piel, en la cara, en las piernas, pero otros no quieren hablar por temor a represalias. Tienen temor en denunciar esto, más allá de lo grave de esta situación, porque los amenazan con trasladarlos o apartados de sus familias”, explicó Casolati.
El secretario responsabilizó al Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Ricardo Casal, por “incumplir” la reciente resolución de la jueza de Ejecución Penal de San Martin, María del Carmen Melluso, en donde ordenó que se restablezca el suministro de agua potable en bidones.
“El Ministerio no está cumpliendo con esta orden y es algo muy grave”, dijo Casolati y adelantó que prepara una denuncia penal porque se “han falseado informes y ocultado información relevante” en torno al tema.
Tras el habeas corpus presentado en 2008, se conformó una mesa de diálogo integrada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario Bonaerense, la Suprema Corte, funcionarios de la Procuración General y organismos de derecho humanos.
“Fueron presentando distintos informes realizados en laboratorios amigos que decían que el agua era apta para consumo. Todos estos informes que se fueron presentando evidentemente están falseados o fueron erróneos. Pero hay un informe de octubre (2012) que corroboró que el agua está contaminada. Esa información fue ocultada a los miembros del poder judicial de la provincia de Buenos Aires, básicamente a los juzgados de San Martín y San Isidro”, afirmó Casolati.
