Era una visita sorpresa. En su exhaustiva recorrida por los pabellones y módulos del Complejo Penitenciario Federal II, en Marcos Paz, los funcionarios no imaginaron lo que iban a descubrir: presos alojados en calabozos individuales sin electricidad, sin baño y sin tener la posibilidad de asearse durante, por lo menos, tres meses.

Doce reclusos, que estaban encarcelados en el pabellón 7 del módulo 1, debían deshacerse de sus excrementos por «una pequeña ventana». Después de la visita, el lugar fue clausurado y se ordenó que los internos recibieran atención médica, psicológica y alimentos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, integrado por jueces de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), jueces de ejecución penal, representantes de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría General de la Nación y, como miembro consultivo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

«Vimos, sentimos y olimos la situación en la que estaban alojados los 12 presos. Estaban detenidos sin dignidad humana», dijo a LA NACION el juez Gustavo Hornos, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y creador del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias.

Si bien se conoció ayer, la visita ocurrió el viernes pasado. Recorrieron el penal de Marcos Paz, además del juez Hornos, sus colegas Mariano H. Borinsky, Sergio Paduczak y Martín Vázquez Acuña; los integrantes de la Procuvin Abel Córdoba y Roberto Cipriano García, y Germán Artola, en representación de la Defensoría General de la Nación.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, cuando la comisión de magistrados llegó al pabellón 7, eran las 15.30 y los presos, según dijeron, aún no habían desayunado.

«Algunos de los detenidos estaban en esa situación desde junio pasado. Vestían incluso la misma ropa con la que habían sido alojados», afirmó a LA NACION uno de los jueces que hicieron la recorrida.

De los 12 presos que estaban alojados en el pabellón 7 del módulo 1, siete estaban en condición de sancionados y cinco, en calidad de detenido en «tránsito», es decir, reclusos a los que es difícil encontrarles un lugar.

Según la documentación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a la que tuvo acceso LA NACION, «los 12 internos encerrados en celdas estancas miraban a jueces y fiscales a través de estrechas mirillas. Las llaves de los calabozos no aparecían, los detenidos gritaban que la visita no se fuera. Esas personas habían estado encerradas por largo tiempo en calabozos individuales, sin salida, sin baño, sin electricidad ni vidrio en una pequeña ventana por la que tiraban el excremento afuera, sin visitas ni aseo».

Anteayer, según fuentes judiciales, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, estuvo en la CFCP, donde los jueces le pidieron que «establezca con certeza que hechos de esta gravedad no existen en otras unidades y que no se repitan situaciones como la expuesta».

En diálogo con LA NACION, Marambio negó que los reclusos estuvieran sin luz y sin agua, pero sí reconoció que había reclusos «en tránsito» alojados como si estuvieran sancionados y exculpó por esta situación al actual director de la cárcel de Marcos Paz, de apellido Frezin, porque se hizo cargo de la unidad penitenciaria hace cinco días y, por las irregularidades, responsabilizó a la gestión anterior, encabezada por Víctor Hortel, líder de la agrupación kirchnerista Vatayón Militante, que organizaba murgas y salidas «culturales» de los detenidos.

Marambio asumió como director del SPF el 20 del mes pasado, después de la escandalosa fuga de 13 presos de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. Explicó a LA NACION que ordenó que se realice una investigación para determinar si se registran anomalías similares en otras unidades del SPF.

Según el sitio web del SPF, la cárcel de Marcos Paz está situada sobre un predio de 120 hectáreas, su edificación ocupa 85.000 metros cuadrados y el penal está conformado por cinco módulos de residencia con capacidad para 300 internos divididos en seis pabellones de 50 celdas individuales cada uno.

TRES RECORRIDAS

La visita en la cárcel de Marcos Paz fue la tercera recorrida del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias.

El 3 del actual, Hornos; el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera; la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mirta López González, y los jueces integrantes de la Subcomisión de Ejecución Penal de la Cámara de Casación, Paduczak y María Cristina Deluca Giacobini, concurrieron al Complejo Penitenciario Federal N° 1, en Ezeiza. En la visita, «se ordenó el cese del alojamiento de dos internos en las celdas de cumplimiento de sanciones».

Ocho días después, los jueces Hornos, Paduczak y Deluca Giacobini visitaron el Complejo Penitenciario Federal N° 3, la cárcel de mujeres más grande.

«En un primer momento, llamaron la atención la falta de higiene, la deficiente alimentación, las quejas por la falta de atención médica y la permanente presencia de cucarachas», según fuentes judiciales.

Y agregaron: «Luego aparecieron varias irregularidades graves, como una mujer aislada y notoriamente golpeada en una celda para el cumplimiento de sanciones, sin que esas circunstancias hubieran sido documentadas. Todo ello motivó la intervención inmediata de los magistrados, que tuvo como consecuencia el pase a disponibilidad del director de la unidad y el procedimiento de solución de las irregularidades halladas».

Ese mismo día, la comisión especial visitó la Unidad 31, en la que algunas internas habían declararon una huelga «de brazos caídos» -no concurrían a trabajar ni a estudiar- debida a dificultades en el aprovisionamiento de alimentos y la atención pediátrica, ya que en ella residen internas con hijos de hasta cuatro años, entre otros.

«SIN DIGNIDAD HUMANA»

Así estaban alojados 12 reclusos, según un juez

 

  • «Sentimos, vimos y olimos la situación en la que estaban alojados los 12 presos», afirmó a LA NACION el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos

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