Solo unos minutos pasaron y la noticia comenzó a correr. “Graves incidentes en la Alcaídia”. “Cuatro adolescentes privados de su libertad en un calabozo del edificio de la alcaidia prendieron fuego a los colchones”. “Conmoción y preocupación por el incendio en el calabozo”. “Falleció uno de los chicos quemados en la Alcaídia”, eran los titulares que minuto a minuto la página digital de LA UNION fue subiendo.
La atención periodística y de la sociedad toda estuvo todo ese día y los subsiguientes puesta en la denominada tragedia de la Alcaidía. Las críticas para las autoridades del ex gobierno del ingeniero Eduardo Brizuela del Moral no se hicieron esperar. Sobre todo, cuando al caer la noche del nueve de setiembre, la guardia del hospital San Juan Bautista informó el deceso de cuarto adolescentes.
La ira de los familiares se desató y la conmoción ganó las calles. La Justicia puso bajo la lupa el desempeño de seis policías, que estaban en la guardia al momento de desatada la tragedia, y a las dos ex juezas de menores, por tener a los chicos fallecidos -quienes contaban ya con “varias caídas” policiales pese a su edad- más tiempo del estipulado en la ley de menores. Supuesto incumplimiento que, sumado a las condiciones no aptas para el alojamiento de chicos en el edificio, llevaron, con el correr de los días, que ambas resolvieran renunciar de sus cargos, sin que ello, signifique su apartamiento de la causa judicial. La tragedia que hoy cumple el primer aniversario sumó para que el entonces jefe de Policía, subjefe y subsecretario de Seguridad, resolvieran dar un paso al costado ante tanta presión social.
Luego, llegaron las marchas de pedido de justicia de los familiares de los chicos. Sin embargo, nunca a pesar del tiempo transcurrido y del dolor compartido, los familiares de los adolescentes se unieron. Los pedidos siempre fueron por separado. En ese sentido, como motivo se escuchó la “responsabilidad” de uno de los adolescentes fallecidos en la muerte de los otros tres.
Sin responsable
A pesar de que la causa judicial cumplió en la mayoría de los pasos requeridos en la investigación, ni los ex funcionarios sospechados ni los policías -quienes supuestamente no estaban en la guardia al momento de desatado el fuego y, por ello los adolescentes murieron- tienen una acusación firme. Antes del receso judicial, los fiscales habían notificado a los policías de la elevación a juicio, pero sus abogados apelaron la medida. Finalmente, el juez de control de garantías terminó por darles la razón y devolvió el expediente a la fiscalía de delitos especiales.
El pasado parece no enseñar
¿Capricho judicial o prueba fundamental? El edificio de la Alcaidia policial, que funciona sobre avenida Colón esquina Mendoza, cumple hoy un año de estar clausurado tras la trágica muerte de los cuatro adolescentes. Los dimes y diretes al respecto fueron de los más variados por parte de la Justicia y de las actuales autoridades de la cartera de Justicia y Seguridad del Gobierno. Mientras, los ficales de la Unidad de Delitos Especiales, la que hasta el pasado mes de diciembre integraba el ahora subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, consideran que el edificio debe continuar clausurado, pese a que ya se registraron tomas fotográficas y filmaciones de las condiciones en las que al momento de la tragedia se encontraba el edificio policial, insisten que el escenario puede ser de gran valor probatorio al momento -en caso de que así suceda- de la investigación, que tiene como supuestos “responsables” a las dos ex juezas de menores, el ex ministro de Gobierno, Javier Silva y cinco efectivos de la policía, llegue al debate oral y público, elevación que ya llevaba un año de espera. Los planteos e intimaciones para que la “clausura” sea levantada fueron varias, pero la respuesta sigue siendo una, la clausura no se levanta y la causa sigue “estancada”. Ante los investigadores, ya pasaron los policías, las ex juezas y hasta el ex ministro, quien declaró por escrito. Sin embargo, el expediente sigue en la fiscalía. Por ello, surge preguntarse qué falta para que la causa sea elevada a juicio y la sociedad conozca qué paso realmente aquel 9 de setiembre, y responsabilidad de quién fue. Siempre y cuando exista tal situación. La clausura de la Alcaidía ocasionó también que en la actualidad los admnistradores de la Justicia de menores no tengan un lugar adecuado para el alojamiento de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Si bien es cierto desde el área de seguridad se anunció que el pasado 20 de agosto, una parte del edificio iba a ser puesta a disposición de los jueces, el hecho solo quedó en eso, un anuncio. LA UNION pudo saber de fuentes policiales que por varias semanas personal de Logistica de la fuerza realizó trabajos de refacciones, pero los mismos se supendieron cuando se pidió que se repararan los viejos “errores”. Es decir, que se colocara un buen sistema contra incendios, los aspersores de agua en la celda y la colocación de colchones inífugos, pero nada de eso sucedió y hoy, pese a las promesas y anuncios, el lugar sigue cerrado y no solo por responsabilidad de la Justicia. Al parecer, la muerte de cuatro chicos no dejó ninguna enseñanza, si se tiene en cuenta que el único centro de alojamiento de chicos que tiene la provincia cuenta con las medidas minimas de seguridad. El edificio, reinaguarado hace casi 4 meses, tiene actualmente seis chicos alojados.
El dolor revive el nueve de cada mes
Ya pasó un año cuando aquel 9 de setiembre del año 2011, la población catamarqueña tomó conocimiento de que en un grave incidente ocurrido en la Alcaidía, ubicada en calle Mendoza y avenida Colón, terminó con la vida de Nelson Molas, Nelson Fernández, Franco Nieva y Franco Sosa, cuando por motivo que se están investigando se inició un incendio.
En virtud de eso, es que Ana Mendoza, madre de Franco Sosa y rodeada de sus hijos, recordó al joven fallecido y todo lo ocurrido en el último año.
De esta manera, lo primero que dijo Ana Mendoza, previo a quebrarse en llanto, fue: “La usencia de Franco se siente en todo, yo sueño que mi hijo sale del cajón, todavía no me puedo resignar, era muy bueno. Los que dicen que se quiso matar mienten, nunca mi hijo tuvo intención de matarse”.
Además, Ana hizo mención de que la muerte de Franco de forma trágica fue un golpe muy duro para toda la familia. “Todos mis hijos están mal, nadie nos ayudó psicológicamente, no lo pueden superar y yo no me puedo olvidar de mi hijo, más aún en el estado en el que yo lo vi. Eso me generó un trauma”, agregó.
Por otra parte, Ana se refirió al incidente por el cual su hijo fue demorado y alojado en la Alcaidía, lugar en el cual murió. Fue así que indicó que a Franco lo acusaron de haber robado un cajón de cerveza, pero que no fue así, sino que lo tenía y que había acordado con el dueño entregárselo, pero algo pasó en el medio y fue atrapado por la policía. “Estuvo una semana demorado y, pese que ese viernes me lo iban a entregar, no fue así, yo quería que esté allí un día más por su problema de adicción”, acotó.
En otro sentido, Ana Mendoza expresó: “Para que pueda descansar mi mente y para que mi hijo descanse en paz, quiero que se haga justicia y que no quede impune, es eso lo que esperamos y pedimos”.
Para concluir, invitó a los amigos, vecinos y conocidos de Franco Sosa a que participen de una misa mañana lunes, a las 19.00, en la iglesia San Pantaleón, ubicada en la intersección de las avenidas ex Pista y Choya.
Sin contacto
Consultada Ana Mendoza si es que se reúne o dialoga con los familiares de las otras victimas, ésta especificó: “Con las otras familias no me junté ni me manifiesto, la plata no me va a devolver a mi hijo. No puedo andar en marchas, porque no tengo tiempo y solo me dedico a mis otros hijos”. Asimismo, Ana aclaró que con violencia no se logra nada.
fuente http://launiondigital.com.ar/noticias/64686-a-un-ano-tragedia-alcaidia
