Según confirmaron desde los Juzgados Correccionales 1 y 2 a EL ANCASTI, al menos desde 2007 no se reciben causas por apremios ilegales cometidos por policías que ejercen sus funciones en las diferentes comisarías de Catamarca.
Según se supo, sólo existiría una causa que fue denunciada por las entonces juezas de Menores, Ilda Figueroa y Ana María Nieto, y elevada a juicio este año por la Unidad de Delitos Correccionales, por «severidades» cometidas contra menores dentro de la ex Alcaidía en 2010. En tanto, también habría 2 agentes penitenciarios imputados por «severidades ilegales», pero la causa no fue elevada aún.
Las leyes 23.077 y 23.097 incorporaron modificaciones al Código Penal entre las que se encuentran los artículos 144 bis y 144 tercero que tipifican las figuras de apremios ilegales y torturas actualmente vigentes. La tipificación de ambas figuras constituye exigencias derivadas de las obligaciones internacionales del Estado Argentino en virtud de diversos instrumentos internacionales vinculantes de Derechos Humanos.
El dato ofrecido desde los Correccionales, que serían los responsables de juzgar a los responsables de este delito siempre y cuando tengan relación con el primero de los artículos citados resulta por demás llamativo.
Así, un informe publicado por este diario el año pasado daba cuenta, según constató el propio director de Sumarios de la Policía en ese momento, de que existirían al menos 18 policías sumariados dentro de la fuerza acusados de apremios ilegales. Estos casos, según se dijo, tendrían directa relación con la investigación iniciada en la Justicia y corresponderían sólo a hechos de los años 2010 y principios de 2011, mientras que el número variaría de año a año.
En tanto, según se pudo contabilizar en base a las publicaciones de aquellos catamarqueños que se vieron vejados y recurrieron a los medios de comunicación, además de a la Justicia, en los últimos 5 años fueron más de 60 las denuncias recibidas.
