En épocas en la que se da prioridad a lo presente y lo urgente, también es necesario el esfuerzo de recordar el pasado y proyectar un futuro, para que la realidad cobre sentido. Y hay un pasado trágico y reciente de la Justicia de Menores en Catamarca que llevó a los actuales jueces, dos jóvenes abogados que pese a su edad tienen convicciones firmes como templos, a ocupar sendas magistraturas; un pasado que nuestra comunidad lloró amargamente: la muerte de cuatro niños incinerados, cautivos, olvidados en su pobreza y desesperación, por jueces que torcieron una libertad que hoy resulta intocable por imperio de la ley vigente y el respeto a las Convenciones Internacionales.
Rodrigo Morabito no es la ley, si no su fiel custodio, y el principal responsable ante cualquier violación que se cometa de tales preceptos. “J” no es todos los niños, niñas y adolescentes: la ley los contempla universalmente y levanta una muralla entre su debilidad y el implacable poder del estado, que antes los secuestraba y extinguía sin diferenciar inocentes de culpables, sin derecho a defensa, sin conceder injerencia a sus propias familias. “J” es un presunto victimario, pero una innegable víctima a la vez, que actúa bajo la concreta esclavitud de sus adicciones y patologías, desde una infancia cuyos escenarios son infiernos que pocos pueden imaginar, y que quizá jamás conoció ni la sombra de una oportunidad verdadera.
Las organizaciones que militamos por la infancia y la juventud somos o debemos ser parte de la transición establecida por la Ley 26061, que está en acto y que los distintos poderes se esfuerzan por dar a luz, interpretando y aceptando cada cual su misión. Y la tarea más importante quizá sea, en los albores de un cambio que reivindica el derecho de nuestros hijos por siglos vulnerado, la de predicar a la sociedad el espíritu de las nuevas leyes, su alcance y significación.
Lograr que sean eficaces quienes deban serlo, implica por un lado exigir mayor seguridad y mejores dispositivos de contención, pero por otro la preservación de quienes dignifican su investidura honrando la ley, porque si atacamos jueces por encerrar niños y luego los atacamos por no encerrarlos, no será sensato si no lleno de remordimiento el futuro que nos aguarde. Es nuestro deseo alentar la tarea que desempeñan los doctores Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, garantes incondicionales de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, como jueces, y como personas, a resistir la pesada cruz que conllevan los roles trascendentes.

Soledad Villegas Corpacci
Fundación Prodinca

fuente http://www.elesquiu.com/notas/2012/7/23/testimonios-248175.asp