Hay chicos que cuentan con familias que les brindan amor y les dan materialmente lo que necesitan para vivir. También hay niños que no reciben tanto amor aunque sí pueden comprarse ropa y tecnología a gusto. Y están los niños, adolescentes y jóvenes desprovistos de todo o de casi todo: afecto, educación, salud, bienes materiales básicos.
Cualquiera de estos menores de edad, en algún momento puede cometer faltas y hasta delitos, por variadas razones. En el caso de los primeros, sus familias se encargan de defenderlos y dar la cara ante la Justicia. Los últimos no tienen esas posibilidades y con el sistema legal imperante, obtienen un pasaporte al submundo del delito. Contadas veces tienen una alternativa de redención social.
“La institucionalización evidentemente no sirve. Parte de ese error surge en querer enseñar a alguien a respetar sus derechos, en un lugar en el que está privado de los mismos”, considera el juez de Menores Fabricio Gershani Quesada, quien junto a su par Rodrigo Morabito y a miembros de la Asociación de Pensamiento Penal promueven un cambio de la legislación en Catamarca, en consonancia con la Nación y con convenios internacionales vigentes en la materia. Porque el tema no se reduce a las garantías que necesitan los jóvenes en un proceso penal, sino que debe tomar en cuenta la vida misma de cada menor antes de que resulte una “molestia” social.
Es importante que esté muy aceitado el sistema de protección integral de la Niñez. La Justicia debe intervenir después de que el sistema sociocultural y de contención haya fallado. Es decir que si hace falta la institucionalización e incluso la privación de la libertad de un menor, que sea la última alternativa, porque previamente se lo protegió y acompañó en sus primeros años de vida. Para que así sea, urge el cambio en la legislación para contar con un adecuado sistema de responsabilidad penal juvenil.

Fuente. http://www.elesquiu.com/notas/2012/5/21/editorial-240653.asp