El tema más importante del debate estuvo enfocado en la Reforma del Código Procesal Penal, como la oralidad del proceso y la dinamización del sistema judicial.
Ante este planteamiento la diputada Calascibetta aseguró que la aprobación de esta Reforma va a permitir acortar los pasos y dinamizar el Poder Judicial.
“Estas modificaciones tienen que ir acompañadas de una buena prevención del delito, porque por más herramientas que el poder judicial disponga, si no logramos una prevención del delito y resocialización de un penado esto sería una calesita”, advirtió.
Para Juan Pablo Morales, el Estado está trabajando en temas vinculados a la resociabilización, readaptación y reinserción en la sociedad de los presos que cumplen sentencia respetando la ley en cuanto a su estructura orgánica.
Mencionó algunos de los avances que se están materializando dentro del penal y que están pensados para una política de inclusión del sistema carcelario. “Como primera medida consideramos necesario hacerle leer la condena al penado con el objetivo de que se internalicen con su caso”, dijo.
“Como medida urgente nos estamos enfocando en lo educativo y social, para eso se han intensificado los talleres donde asisten presos de máxima peligrosidad, además se está trabajando en crear un pabellón para los enfermos psiquiátricos”, citó el secretario de Seguridad.
Aportando su opinión sobre este tópico, la fiscal General María del Milagro Vega resaltó que la modificación del código es “pro reformista y los procesos de reforma no son un hecho, son procesos que tienen principio pero no tienen fin, y sería necesario que esto se sostenga en el tiempo como una política permanente de ajuste entre la justicia y la necesidad de la sociedad”, citando textualmente la sugerencia que dio a la Legislatura sobre su posición sobre la Reforma del Código Procesal Penal.
Para Vega es imprescindible que el fiscal pueda seleccionar casos para agilizar los procesos o “reglar los criterios de oportunidad”. Aseguró que es de gran importancia la ley de mediación que remitió la Corte en el año 2010, y se lo distingue como el nuevo paradigma de la aplicación de ley penal en casos concretos. “El nuevo paradigma es la solución del conflicto porque debajo del caso penal hay un conflicto. Yo puedo asegurarles que si el gobierno local y el poder ejecutivo con sus secretarías pertinentes lideran el problema, les podría decir que el Ministerio Público acompañará con posterioridad ese desarrollo”, aseguró.
Cabe destacar la particularidad de esta mesa de debate, que fue más como un acuerdo de opiniones y sugerencias sobre cómo mejorar el sistema judicial, policial y legislativo en pos de brindar respuesta a los catamarqueños.
http://www.elesquiu.com/notas/2014/9/28/ciudadania-340369.asp
