CIPOLLETTI (AC).- Los penitenciarios de la cárcel de Cipolletti se autoacuartelaron porque aseguran que el gobierno no les da las garantías que necesitan para controlar el penal. El motín del jueves tensó aún más la conflictiva relación entre presos y celadores. Ayer, denunciaron que no se aplican medidas disciplinarias y que a los reclusos se les permiten demasiadas atribuciones.

El penal del paraje El Treinta está intervenido desde el martes. La semana pasada hubo serios incidentes y el gobierno resolvió apartar de la conducción al exdirector Gabriel Yanca. En su lugar designaron a Fabiana Sandoval, quien integraba hasta hace unos días el Instituto de Presos y Liberados. Sin embargo, el motín que se desató el jueves por la noche y dejó importantes daños materiales obligó a los penitenciarios a tomar «medidas extremas».

Ayer a primera hora de la mañana, los empleados informaron que se habían «atrincherado». Únicamente garantizaron las guardias mínimas, tanto internas como externas, además de la comida y las visitas. «No vamos a intervenir en un nuevo conflicto porque los internos tienen más garantías y atribuciones que nosotros y estamos poniendo en riesgo nuestra vida», aseguraron ayer unos 40 penitenciarios quienes, según anunciaron, mantendrán la protesta hasta el lunes.

El miércoles por la tarde, un celador terminó herido en el abdomen y debió soportar la agresión de uno de los presos. «En la cárcel un insulto es una falta grave de conducta y hace unos días golpearon a un compañero y no se aplicó ninguna medida disciplinaria», se quejaron.

Entre los argumentos que enumeró el gobierno para intervenir el penal se mencionó el mal uso de la fuerza y de los instrumentos utilizados con fines de reducción en contexto de encierro. Aunque en teoría la cárcel de Cipolletti es de baja seguridad, para reclusos con condena firme y de buena conducta, se quejaron porque «pretenden que manejemos a presos peligrosos y conflictivos. Nos llenaron el penal de tipos complicados y nunca nos capacitaron para eso».

Ayer, cuando se conoció la noticia del acuartelamiento, los gremios ATE y UPCN enviaron representantes al penal y se realizó una asamblea de la que también participaron funcionarios de la secretaria de Seguridad de la provincia. Decidieron permanecer hasta el lunes. «Los sindicatos vinieron para defender los derechos laborales de todos los penitenciarios que encabezan la protesta», informó Pedro Entraigas, uno de los voceros.

La interventora del penal no participó de la reunión. Los celadores dijeron que permaneció en su oficina coordinando tareas y resolviendo cuestiones administrativas. «Río Negro» intentó en varias oportunidades comunicarse con ella pero no respondió los llamados.

La cárcel de Cipolletti aloja a 107 internos y está al límite de su capacidad porque muchos sectores tuvieron que ser clausurados como consecuencia de las destrucciones que se provocaron en sucesivas revueltas, incluida la del jueves. Ayer, cuando los penitenciarios recibieron a los medios de comunicación, hubo momentos de dramatismo y tensión. Incluso después de hablar con los periodistas uno de los agentes se desvaneció y tuvo que ser asistido por sus compañeros y el personal de enfermería del penal.

Al cierre de esta edición, «Río Negro» buscó comunicarse con el subsecretario de Seguridad Daniel Badie pero tampoco atendió los llamados. El juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos también se presentó en el penal para escuchar los planteos y las autoridades recibieron un petitorio con alrededor de 60 firmas.

 

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