«El reconocimiento de la autonomía de la defensa es un imperativo constitucional ya que es una incongruencia que partes encargadas de representar intereses contrapuestos (la acusación y la defensa) estén subordinadas a la conducción única del Procurador General de la provincia, esquema que limita y debilita el derecho de defensa en juicio», sostiene la organización en un comunicado de prensa.
«Una defensa pública vigorosa, con autonomía política y autarquía financiera, posibilitará optimizar el acceso a la justicia para todos los chaqueños y chaqueñas, y principalmente a quienes menos posibilidades tienen de ser oídos y hacer valer sus derechos», señalan.
«La sanción de esta ley reafirmará la tendencia del Chaco de tomar la iniciativa en el diseño de políticas institucionales de avanzada, como ocurrió con las leyes de seguridad pública, mediación de conflictos en materia penal y creación del Comité de Prevención de la Tortura», indicó.
